Uruguay: Fernando Moyano, la ley de impunidad

"Cuando ya es tarde, suelen descubrir siempre los emperadores y los reyes que late en sus pechos un corazón democrático". Stefan Sweig, Fouché

1. Los ecos del 25 de octubre

En estos días ha ingresado al parlamento un proyecto de ley para eliminar la ley de impunidad, respaldado por una decisión de la Mesa Política del Frente Amplio. La información de la prensa indica que el presidente de la República "dejaría hacer" al parlamento (no enviará un proyecto propio ni vetará lo que salga). Si se quiere evitar una segura sanción a Uruguay en la Corte Interamericana de DDHH a raíz del caso Gelman, habría que hacer algo antes del 4 de octubre.

Es necesario un BALANCE de todo este ciclo, en particular la enorme experiencia del intento de anulación por vía plebiscitaria que obtuvo el pasado 25 de octubre una votación insuficiente. Podría ocurrir que la ley de impunidad no sobreviva más de un año a nuestra "derrota". ¿Qué pasó, por qué pasó, qué significado tienen estos hechos, qué hicimos, qué podíamos haber hecho y POR QUÉ no lo hicimos?

Este es el texto del proyecto de ley.

2. Proyecto interpretativo 

“Art. 1.- Declárase como interpretación auténtica de la Constitución de la República (artículo 85 numeral 20) que el derecho de todo ser humano a la vida, a su integridad personal, a no ser desaparecido, ni torturado, así como los derechos y obligaciones que regulan el acceso a la justicia, investigación, persecución, juzgamiento, cooperación y castigo de las violaciones de los mismos y de los crímenes de lesa humanidad, establecidos en las normas de Derecho Internacional ratificadas por la República y por las normas de ius cogens, están incorporadas a la Constitución de la República por la vía del art. 72 de ésta y se deberán aplicar directamente por los tribunales de la República.

“Artículo 2. Declárase como interpretación obligatoria (Código Civil, art. 12) que los arts. 1, 3 y 4 de la Ley 15.848 violan los arts. 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República siendo en consecuencia inaplicables.

“Artículo 3. En virtud de lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la presente ley:

a) toda intervención judicial que haya sido interrumpida, suspendida y/o archivada por aplicación de la ley 15.848, continuará de oficio, por la mera solicitud del interesado o del Ministerio Público y no se podrá invocar la validez de dicha ley ni de actos administrativos que se hubieran dictado en su aplicación, con el fin de obstaculizar, impedir o archivar, o mantener suspendidas y/o archivadas, indagatorias o acciones penales.

b) sin perjuicio de los delitos imprescriptibles, cuando se tratara de delitos de naturaleza prescriptibles, hayan o no sido incluidos en la caducidad establecida en el art. 1 de la Ley 15.848 del 22 de diciembre de 1986, no se computará en ningún caso para el término de prescripción, el comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la fecha de promulgación de la presente ley”.

3. Para empezar la discusión 

Vemos que NO es una ANULACIÓN EXPLÍCITA. Se convierte la ley de impunidad en inaplicable, LETRA MUERTA por la vía de imponer una interpretación de la Constitución pero no se la suprime del sistema legal. Esto es el resultado del tira y afloje entre los distintos sectores del Frente Amplio, donde hay quienes quieren “salir con honor” del atolladero, entendiendo por honor precisamente lo contario a lo que eso significa. Una artimaña para que no sea tan evidente su forzado cambio de postura. Ya tenemos un antecedente de este tipo en la propia ley de la “caducidad de la pretensión punitiva del estado” que era una forma retorcida de dictar una amnistía sin decirlo. Ahora, el gobierno del FA hace algo parecido al anularla sin decir que la anula. Precisamente, el art. 2 de este proyecto dice que la ley de impunidad fue una amnistía irregular e inconstitucional.

Pero en la realidad, más allá de su forma, ES una anulación de hecho. Pese a todo el embrollo salta a la vista que este proyecto está directamente apoyado en el recurso de reforma constitucional que se votó en octubre, tanto en su aspecto conceptual como en la cita textual de algunas partes. Y en aquello en que agrega algo diferente, está directamente inspirado en la parte del proyecto original que no integró el texto definitivo, la incorporación al art. 72 de la Constitución de una declaración expresa que obliga a la persecución de los delitos de lesa humanidad.

El proyecto presentado ES una anulación y no una derogación ya que revierte decisiones administrativas y judiciales pasadas, y contiene disposiciones para cerrar la red y constreñir a los jueces evitando posibles interpretaciones de que los delitos prescribieron, o de ley más benigna, o de cosa juzgada. Sin embargo abre otros flancos, ya que seguramente habrá quienes intenten decir que ESTA ley es inconstitucional, apoyándose en ese galimatías con que se esquiva la anulación llana, deja la ley pero prohíbe que los jueces la apliquen.

El hecho de que la votación de octubre no alcanzase para activar la reforma constitucional y anular así la ley no significó una derrota de la lucha política contra la impunidad porque hubo 1:200 mil votos por la anulación y ni un solo voto por el mantenimiento. La trampa de no poner papeleta por el NO, una avivada de la Corte Electoral reaccionaria para obstaculizar nuestra lucha, fue un arma de dos filos y mentira de patas cortas. Tuvo éxito en impedir la anulación inmediata pero no pudo evitar que quedase en evidencia el rechazo mayoritario a la ley. Por eso, más que la presión internacional opera la presión de NUESTRA opinión popular. Más aún cuando el 90% de los votantes por SÍ son a su vez el 90% de los que le dieron al gobierno la mayoría parlamentaria.

Se dice que "los tres poderes" se han pronunciado contra al ley de impunidad y se dice media verdad, porque se omite el "poder cero", básico, oscuro, maniatado, traicionado y burlado pero que sigue en su presión sorda, la voluntad popular.

Veamos por ejemplo el Poder Ejecutivo. Durante la presidencia de Tabaré Vázquez la fiscalía de Corte se pronunció por la inconstitucionalidad de esa ley. Pero ¿quién puede ignorar que Tabaré Vázquez dijo estar de acuerdo con el recurso para anularla (desdiciéndose así de lo que había dicho hasta entonces) EL DÍA ANTES de la presentación de las firmas, cuando ya se habían manifestado 340 mil voluntades? Lo mismo puede decirse de los otros dos "poderes" que se acordaron de pronunciarse sobre el tema unos pocos días antes de la votación del recurso en las urnas. Gobiernan a espaldas de la voluntad popular, pero hay momentos en que la presión social los acorrala. No fueron esos “tres poderes” sino el “poder cero” el que socavó la ley hasta hacer inevitable su caída.

Lo mismo el actual presidente y el vice que la MISMA NOCHE del 25 de octubre salieron de apuro a decir que "el soberano" había decidido mantener la ley. Ahora, uno de ellos dice “hagan Uds. no más”, y el otro que el proyecto presentado “es un punto de partida” para discutir la eliminación de la ley. ¡Soberanos oportunistas son estos, dispuestos a subirse al carro cuando no haya más remedio! Dice Astori que “le pesan” los resultados de los plebiscitos de 89 y 2009, los cuales lee a contrapelo de lo que el propio Frente Amplio dijo siempre. Lo que quiere decir es que le pesa tener ahora que tragarse el sapo de votar la anulación después de tanta gárgara que hizo cuando creyó que el resultado de octubre había enterrado el tema. Razón de más para poner todo el empeño en que se lo trague.

Por otra parte, ¿qué es en última instancia la presión internacional que se manifiesta en instituciones como la CIDDHH? Es el reflejo de LA LUCHA DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO incluido el nuestro, durante décadas, por juicio y castigo a los delitos de lesa humanidad. Pero no pidamos a estos políticos y politólogos que no ven más allá de los pasillos de las sedes de los organismos que piensen como si fuesen Rosa Luxemburgo y rompan su FETICHISMO INSTITUCIONAL.

Lo mismo puede decirse hoy de los propios parlamentarios que ahora parecen dispuestos a considerar la eliminación de la ley, cuando hace apenas seis meses eran “soldados tranquilos” de la decisión de las cúpulas de mantener la impunidad. Si es válido anular la ley ¿por qué no lo hicieron hace seis meses? Y si pensaban que pueden tolerar la supervivencia de esa ley en nuestro sistema sin que se les caiga la cara de vergüenza ¿por qué no van hoy a decirlo con esa misma cara en la CIDDHH?

Todos tenemos derecho a opinar, pero todos tenemos también el deber de hacernos responsables de las opiniones vertidas, de cara a lo que ocurre. Ese es un deber con el que rara vez se cumple, pero el incumplimiento recibe también su sanción: esas opiniones pasan a ser irrelevantes. Porque ¿podemos acaso respetar la opinión que tenga hoy ese que se olvida alegremente de lo que opinó ayer?

4. Primero, bajar la pelota al piso 

Siempre estuvo claro que el fin de la ley de impunidad no será el fin de la impunidad misma; subsistirán los pactos y complicidades y los mecanismos que la sostienen en los hechos. También sabemos que la anulación parlamentaria dejará fisuras jurídicas sobre las que los implicados en estos delitos intentarán trabajar.

Pero todo esto es secundario frente al hecho fundamental.

La caída de la ley de impunidad será un enorme paso adelante en la lucha por la justicia, por el castigo a los delitos de lesa humanidad, y por la reivindicación de la voluntad popular.

Porque este paso se da A PESAR de todos los pactos y complicidades, y de la falta de voluntad de los “tres poderes” en cumplir con ese deber elemental de verdad y justicia.

En el período pasado nos sumamos al movimiento por la anulación por vía plebiscitaria porque partimos de que quedarnos en el reclamo a que lo haga parlamento, que no lo iba a hacer, sería conformarse con una pobre denuncia de ese cretinismo parlamentario cuando estaba abierta la posibilidad de recurrir a un instrumento de lucha abierta, de masas y no de cúpulas, pese a los riesgos y lo incierto de los resultados.

Porque en política no se trata de elegir entre caminos con riesgos y caminos sin riesgos, que nunca existen. Se trata de elegir entre la lucha real con todas sus dificultades, y la reivindicación solamente testimonial o ideológica que solo sirve para satisfacción propia. Se trataba aquí de un instrumento real y válido para la lucha política y de ideas, para formar opinión y conciencia, para llegar a todos y hacer que todos participasen en esta decisión.

Hoy las condiciones han cambiado, y tenemos por delante una única posibilidad inmediata: la eliminación por vía parlamentaria. Este camino conlleva problemas importantes. La denuncia del oportunismo frenteamplista sigue siendo necesaria. Pero son temas secundarios frente a lo principal: reforzar el golpe que se le va a dar a la impunidad.

Por los objetivos secundarios se debe trabajar ACOMPAÑANDO la dirección del golpe principal, y no desviándolo.

5. Y por casa como andamos

La lucha contra la ley de impunidad ha sido una rica experiencia, una verdadera escuela política. La lectura de esta experiencia es polémica.

Cuando se planteó la opción de la vía plebiscitaria hubo militantes honestos que objetaron el riesgo a que el plebiscito se perdiese otra vez, y eso tornase inamovible la impunidad. En función de ese cálculo, la iniciativa encontró grandes reticencias.

Los hechos desmintieron claramente ese MIEDO PUSILÁNIME.

Porque aún perdiendo el plebiscito, aún dándose en los hechos la peor de las hipótesis, los resultados políticos reales -más allá de los formales- dieron un golpe definitivo a la impunidad.

Hay otra enseñanza importante. Nosotros, si pretendemos ser revolucionarios, tenemos que librar una lucha profunda contra todas las corrientes oportunistas, colaboracionistas y entreguistas que hoy pululan en todo el espacio ideológico y organizativo de nuestra clase, en los partidos, sindicatos, movimientos y demás organizaciones populares, y que las han desvirtuado y puesto al servicio de la burguesía. Esto se hizo evidente también en este caso.

Pero nuestra lucha principal es y sigue siendo contra la burguesía, y contra sus instrumentos directos porque esa es la lucha de la CLASE misma. La lucha contra la impunidad y contra las FFAA como institución reaccionaria y represora, dispositivo permanente al servicio del capital, forma parte de esa lucha de la clase.

La lucha contra la socialdemocracia y el colaboracionismo es una lucha de tendencias por la CONDUCCIÓN del movimiento de la clase, debe y puede darse dentro de esa lucha principal, y es además la forma en que es más efectiva.

Sin embargo, parte de la militancia de pretensión revolucionaria cayó en un error de percepción al momento de definir las prioridades. Especuló con apostar al FRACASO de la iniciativa plebiscitaria porque el movimiento que la llevaba adelante estaba circunstancialmente encabezado por algunas corrientes frenteamplistas, y supuso que podría luego hacer caudal de ese fracaso. Ese es un error gravísimo, y evidencia fallas ideológicas profundas.

Nuestra pequeña izquierda anticapitalista está sumergida en un mar social en que la ideología socialdemócrata es predominante. Eso no significa que las contradicciones de clase hayan dejado de existir, pero significa que la gente común las percibe y las interpreta a través del lente socialdemócrata.

La táctica de apostar al fracaso socialdemócrata, o la táctica de DESCARTAR TOTALMENTE cualquier trabajo político en ámbitos en que domine la socialdemocracia, es una metodología que tiene ELLA MISMA una raíz socialdemócrata.

Consiste en suponer que hay que construir ámbitos de trabajo político-partidarios excluyentes, y que mezclarse con los socialdemócratas es hacerles el juego. Esto es una reproducción de la lógica de COMPETENCIA ELECTORAL propia de la democracia representativa burguesa, en la que los distintos partidos políticos compiten entre sí por un electorado pasivo, como las empresas compiten entre sí por clientes.

En esta metodología, los espacios de trabajo de los partidos se excluyen, y generan de arriba abajo sus esferas de influencia. Por ejemplo distintas centrales sindicales. Siguiendo esta metodología, algunos sindicalistas clasistas ideológicamente confundidos convocan a apartarse de cualquier trabajo en la estructura del PIT-CNT. La reciente aprobación de un paro general contra el gobierno en la Mesa Representativa muestra que esa orientación se apoya en una apreciación equivocada.

Hoy por hoy, excluirse de trabajar en TODO ámbito donde predomine la ideología socialdemócrata es renunciar a trabajar entre las masas. Es darse la cabeza contra la pared una y otra vez, sin percibir que en esa misma pared HAY UNA PUERTA.

Esa puerta es la unidad de acción por la base con todos los militantes dispuestos a movilizarse a nivel de masas contra distintos elementos del poder burgués –como lo es la ley de impunidad- sin descartar a los elementos inconsecuentes o influidos por la política socialdemócrata, o que adhieran a la estructura político-partidaria de la socialdemocracia.

6. Y ahora qué

La ley de impunidad aún no ha caído. Ha sido acorralada por el consenso social creciente en su contra. Esa presión desde abajo provoca fisuras en la disciplina política del gobierno. Se combina con la presión internacional que es a su vez el resultado de todas las luchas populares contra los crímenes de lesa humanidad.

Es necesario movilizarse para empujar a la caída de la ley de impunidad y además quitar todo espacio a las concesiones a la impunidad que se quieren seguir haciendo a la hora de eliminar la ley. Es así que podemos dar la necesaria lucha política contra el colaboracionismo, dentro de la dirección del golpe principal.

Salir ahora a apoyar una iniciativa de la bancada frenteamplista ¿será una forma de sostener al gobierno? Sí, “como la soga sostiene al ahorcado”.