Que los tiempos cambian parece más una frase hecha que una realidad en esta América subordinada a intereses foráneos y sometida a estrategias políticas y económicas diseñadas desde los concentrados grupos de poder. Las condiciones se repiten en una especie de círculo en espiral donde ciertas características mutan mientras el sistema se perpetúa. Analizando la historia del territorio latinoamericano durante las últimas décadas es posible observar matices de cambio en la estrategia de control como así también en las formas creativas de resistencia y lucha contrahegemónica. Los movimientos sociales que surgieron o cobraron mayor fuerza e identidad en el transcurso de los 15 últimos años del siglo pasado tuvieron que encontrar las formas de enfrentar la avanzada militar que acompañó la profundización del capitalismo neoliberal globalizado y el sistema de exclusión y pobreza. En la intención de articular las diversas experiencias del continente, se realizó en mayo de 2003 en Chiapas el Primer Encuentro Hemisférico frente a la Militarización y en el próximo mes de octubre movimientos, redes y organizaciones volverán a reunirse en el Segundo Encuentro -que esta vez será en Honduras- para dar continuidad al debate y forjar nuevos lazos en la lucha y la resistencia. Si en los años ‘60 y ‘70 la batalla de ideas hallaba su correlato en los movimientos revolucionarios, la guerra de guerrillas y las organizaciones políticas, fueron las sangrientas dictaduras militares latinoamericanas apoyadas por los diferentes gobiernos de los Estados Unidos y su Agencia Central de Inteligencia, los mecanismos más efectivos para acabar con aquellos sueños libertarios.
Cuando el abuso de poder de los gobiernos dictatoriales se tornó insostenible e incluso ya innecesario en la mayoría de los países -la fragmentación del tejido social estaba lograda con la consecuencia de cientos de miles de muertos y desparecidos en la región- llegó entonces el tiempo de las democracias representativas acompañadas de la profundización del capitalismo neoliberal, con la transnacionalización de la economía, el achicamiento del Estado y el auge de las privatizaciones por medio de las cuales los capitales nacionales pasaron a manos extranjeras.
Según la investigadora y economista mexicana Ana Esther Ceceña: “La fase neoliberal del capitalismo se ha caracterizado por una profunda transformación de paradigmas tecnológicos, organizativos, políticos y conceptuales con alcance planetario. El escenario del conflicto de clases se modificó tanto social como política y geográficamente, y con él los contenidos, ámbitos y formas de la dominación-resistencia”(1). En este nuevo contexto, muchos trabajadores pasaron a ser desocupados y campesinos e indígenas fueron desplazados de sus territorios, víctimas del poderío creciente de las empresas en su interés por controlar los recursos naturales de la región. La crisis económica y política comenzó a sentirse en los países latinoamericanos en una especie de efecto dominó, y movimientos sociales urbanos y rurales emergieron en reclamo de justicia y dignidad. Acallar a los pueblos sería ahora una misión de las democracias capitalistas sometidas al imperialismo de la nación más poderosa de un mundo que ya no era bipolar. La guerra de baja intensidad Durante la Guerra Fría y frente al triunfo de la Revolución Cubana el 1º de enero de 1959, el enemigo a vencer estaba claro: el comunismo internacional. Pero con la caída de la Unión Soviética y el Muro de Berlín se tornó necesario redefinir el objeto de persecución y así mantener el poder concentrado en quienes lo detentaron con mayor fuerza desde entonces y no parecían dispuestos a perderlo.
En un análisis publicado por la revista Voces de Nuestra América, la periodista argentina Stella Calloni sostiene: “El terrorismo de Estado se impuso mediante una serie de dictaduras que ya para los años ‘70 ocuparon casi todo el mapa regional, mientras que en los ‘80 la Doctrina de Seguridad Nacional fue remozada y optimizada para el nuevo período de las llamadas ‘democracias de seguridad’ con el correlato de los Conflictos de Baja Intensidad”(2). Se establecieron a partir de allí nuevos mecanismos de dominación y control desde los Estados Unidos y se encontraron las formas de aplicar las estrategias que apuntarían ahora a blancos tan confusos y ambiguos como el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado. Según afirma Carlos Fazio en un artículo del diario La Jornada: “Si la Doctrina de Seguridad Nacional fue un instrumento ideológico-militar apto para contrarrestar los movimientos de liberación nacional en los años 60/70, hoy, tras la larga noche de la dictadura del pensamiento único neoliberal, el imperio, las oligarquías vernáculas y sus administradores cipayos han venido trabajando en la construcción social del miedo y de los nuevos enemigos internos para imponer su modelo de dominación”(3). En las décadas de los ‘80 y ‘90 se instala un escenario donde las relaciones económicas establecen el mapa de acciones de las fuerzas coercitivas en cada país. La criminalización de las protestas sociales surgidas en respuesta a la miseria, el hambre y la crisis de legitimidad de los gobiernos fue uno de los mecanismos de persecución que se hizo común en la región.
Las democracias debían poder brindar la estabilidad necesaria para el sostenimiento del libre mercado y las empresas transnacionales. Con el Caracazo del ‘89 y las revueltas populares cada vez más fuertes a mediados de los ‘90 e inicios del siglo XXI -forzando incluso la salida de presidentes en Ecuador, Bolivia, Perú y Argentina-, el hastío de los oprimidos se hizo sentir en América Latina. Para combatir los movimientos insurgentes en el marco de la guerra de baja intensidad, Stella Calloni revela en el artículo mencionado que se destinan fuerzas para operaciones especiales, para asuntos civiles y para operaciones psicológicas dentro de cuatro categorías: “Defensa Interna en el Extranjero: insurgencia y contrainsurgencia; Lucha contra el terrorismo; Operaciones de mantenimiento de la paz; Operaciones de contingencia en tiempo de paz”. Es así que cada pieza aparece ligada a las demás en este rompecabezas geopolítico de la dominación: el modelo económico que profundiza la injusticia, el hambre y la miseria de los pueblos se perpetúa con la estrategia militar y las dimensiones culturales y simbólicas que legitiman el sistema imperante. Como afirma el sociólogo costarricense Gerardo Cerdas, referente de la organización Grito de los Excluidos Mesoamericano: “No podemos ver el crecimiento en la militarización y criminalización de los movimientos de forma aislada. El crecimiento de los presupuestos militares y policíacos, así como de la acción de las fuerzas militar y policial, va de la mano con la expansión del neoliberalismo en toda la región, que se está llevando a cabo sobre una cada vez mayor apropiación y explotación no sólo de la fuerza de trabajo, sino de recursos como el agua, el bosque, la tierra, el petróleo y los minerales, entre otros”(4). La insurgencia como respuesta En diciembre del año 1993, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) decía “¡Basta!” en su Primera Declaración de la Selva Lacandona, exigiendo justicia y dignidad a los responsables de “saquear las riquezas de nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia para nosotros y nuestros hijos”. Hacía diez años que estaban preparándose en las montañas y selvas de Chiapas, formando un ejército de desposeídos -en su mayoría indígenas- que haría su primer histórico levantamiento el 1º de enero de 1994 en San Cristóbal de las Casas. El reclamo genuino surgía de 500 años de explotación y el grito que predicaron fue “Vivir por la Patria o Morir por la Libertad”. El Subcomandante Insurgente Marcos, sostuvo más de una vez lo que afirmaba la Segunda Declaración de la Selva Lacandona dada a conocer por el Comité Clandestino y la Comandancia General en junio de 1994: “Nuestro camino de fuego se abrió ante la imposibilidad de luchar pacíficamente por derechos elementales del ser humano”. Si bien los zapatistas hicieron su aparición pública como ejército, puede decirse que ante todo son un movimiento de comunidades organizadas. Mandar obedeciendo es su lema que responde a una forma de organización donde se aplica algo que para otros sería imposible: “manda el pueblo y el gobierno obedece”. Por eso, seguramente para “el mal gobierno” lo más peligroso del zapatismo no sea su ejército. Desde aquel primer levantamiento, el EZLN y las comunidades zapatistas han atravesado diversas etapas, de clandestinidad y visibilidad, de establecimiento de mecanismos de comunicación y colaboración con la sociedad mexicana y el mundo, de procesos organizativos como las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles, y hasta de promoción de La Otra Campaña -”desde abajo y a la izquierda”- por los 31 estados nacionales. Como dice la periodista y educadora popular argentina Claudia Korol: “la ‘rebelión permanente’ de los indígenas de Chiapas inauguró el nuevo ciclo de revoluciones en América Latina”(5). Por su vida insurrecta y digna son desde su aparición víctimas de persecuciones y operaciones de contrainsurgencia de diverso tipo que no cesan: violaciones, secuestros, encarcelamientos, muertes, desplazamientos, incursiones de paramilitares y fuerzas represivas en su territorio, provocación a poblados vecinos para fomentar la intolerancia hacia las comunidades zapatistas, infiltraciones en la región bajo pretexto de acuerdos de cooperación o investigación, planes regionales de infraestructura que arrasarían con las comunidades del sur mexicano e iniciativas militares apoyadas por los Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo. “La militarización del país bajo el régimen de Felipe Calderón alcanza en Chiapas su máxima expresión, ya que allí se concentran de manera combinada las distintas expresiones de las fuerzas coercitivas del Estado mexicano: Ejército, Marina y las diversas policías, a lo que se suma ahora la reactivación de antiguas estructuras paramilitares y la presencia in situ de elementos de los ‘cuerpos de paz’ estadounidenses”, afirma Carlos Fazio en otro artículo de La Jornada(6). En esta escalada militarista se inserta la Iniciativa Mérida o Plan México, que es una réplica del Plan Colombia y significa un paquete de “ayuda” militar que brindarían los Estados Unidos a México por 350 millones de dólares (el Congreso solicitó 500 millones para el año fiscal pero el Senado estadounidense recortó el monto) y la entrega en “especie” de equipo y tecnología de comunicaciones, y adiestramiento policial y militar. Campesinado en resistencia Durante la década del ‘90, Argentina fue ejemplo de la aplicación extrema de las políticas neoliberales impulsadas por los organismos financieros internacionales para los países de América Latina. Fue la época del “uno a uno” del peso con el dólar, las privatizaciones de las empresas estatales y el inicio del modelo de monocultivos sojeros en todo el territorio nacional, del que pueden verse sus terribles consecuencias sociales y ambientales. En ese contexto, el 4 de agosto de 1990 surge formalmente el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), que actualmente -en su fracción alineada al Movimiento Internacional La Vía Campesina- reúne a 18.000 familias campesinas de esa provincia argentina decididas a luchar por la tierra frente a la apropiación por parte de grandes latifundistas y empresas transnacionales, la deforestación indiscriminada y el consecuente desplazamiento de los pobladores rurales hacia los centros urbanos cada vez más empobrecidos. Hoy, el principal enemigo del Mocase y del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) -que se formó posteriormente integrando al Mocase y a otras agrupaciones campesinas de siete provincias con un total de cerca de 500.000 familias -es el avance de las fronteras del monocultivo de la soja. Algunos años atrás, el 14 de enero de 1984, nacía el más grande movimiento campesino organizado de América Latina: el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, cuyos integrantes habían tenido desde 1979 experiencias de ocupaciones de tierra de forma espontánea y tiempo después decidieron organizarse multiplicando sus acciones en la lucha por la Reforma Agraria. A pesar de que tienen en común un campesinado desposeído que busca la soberanía alimentaria y formas de organización similares, horizontales, construidas sobre las comunidades de base, el Mocase Vía Campesina (VC) se diferencia del MST en que hasta el momento su tarea no es ocupar tierras sino defenderlas de quienes los quieren expulsar. Sin embargo, en un artículo publicado recientemente por el periódico argentino MU, Ángel Strapazzón, uno de los referentes del Mocase VC, reveló que actualmente el MNCI se encuentra estudiando la toma “de casi 6.000 hectáreas” para que “un total de 10.000 familias que viven en los suburbios de grandes ciudades del país vuelvan al campo”(7). En el año 1998, la defensa que realizaron los campesinos del Mocase en la localidad de La Simona, Los Juríes (límite con la provincia de Santa Fe), deteniendo las topadoras que avanzaron sobre las viviendas derribando a su paso árboles y cercos, fue símbolo de resistencia y una demostración de lo que las comunidades organizadas pueden lograr. Pero la lucha no cesa y los hostigamientos a las poblaciones campesinas continúan no sólo en Santiago del Estero sino en todo el territorio nacional. Jorge Rulli, integrante del Grupo de Reflexión Rural, explica que “en provincias como el norte de Córdoba, Formosa, Santiago (del Estero), Chaco, está apareciendo gente que tiene títulos de tierras que están ocupadas desde hace muchísimos años. Hay oficinas públicas que están de acuerdo con estos sectores productores de soja para proveerlos de títulos habilitantes. Lo que ocurre es que hay una gran demanda de tierras para hacer soja, porque la soja tiene un precio desmesurado, entonces es muy difícil de parar esto y por supuesto esta gente actúa sin escrúpulos, están contrantado guardias blancos, ha habido gente herida, usan escaramuzas para sacar a los campesinos de sus tierras”. Apenas unos meses después de la creación del Mocase, el 22 de enero de 1991, la policía de la provincia de Santiago del Estero creaba el Grupo Especial de Táctica Operacional de Alto Riesgo (GETOAR), que bajo el lema “Orden, Paz y Seguridad para el pueblo santiagueño” se ocupó desde entonces de intimidar, perseguir y asesinar a campesinos e indígenas de la provincia. Pero la estrategia de hostigamiento es la misma en todas las comunidades a lo largo del país. Policías, paramilitares y “matones” actúan impunemente violando las viviendas de las familias campesinas, causando desalojos, robando y matando sus animales, amenazando, torturando y encarcelando a sus líderes, en complicidad con los gobiernos provinciales de turno. Para Ysamael Sánchez, del Movimiento Campesino de Córdoba, que integra también el MNCI, “el problema de tierras es gravísimo y un punto clave. El camino es estar juntos, organizados y enfrentar con lucha, no hay otra. Hemos enfrentado a empresarios y hasta a la policía cuando nos van a desalojar. Eso es lo básico de estar juntos, pensar que individualmente no tenemos peso, nos pasan por arriba como si nada. Hemos aprendido que, como se dice, la unión hace la fuerza”. Cuando el terror es ley Si bien al interior de cada país las fuerzas coercitivas actúan conforme a los mecanismos establecidos por sus Estados, es indudable que la política internacional imperialista de Estados Unidos influye en la región latinoamericana tanto como lo hacía durante la Guerra Fría mediante la Doctrina de Seguridad Nacional, encontrando actualmente diversos frentes a través de los cuales ejercer su hegemonía, como los son el militar, el económico y el cultural y simbólico, donde los protagonistas principales son claramente los medios masivos de comunicación. En este mapa hegemónico, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado se ha convertido en los últimos años en la bandera utilizada por George Bush y su gobierno para lograr la obtención de presupuesto militar, apoyo internacional e injerencia extraterritorial. Sin embargo, la persecución a supuestos terroristas que se ha reforzado a partir del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, tiene como antecedentes un conjunto de leyes de inmigración. El 24 de abril de 1996, el presidente Bill Clinton convirtió en ley el Acta Anti–Terrorismo y de Pena de Muerte Efectiva (Anti-Terrorism And Effective Death Penalty Act – AEDPA). Como señala una investigación realizada por el colectivo de comunicación Red Eco Alternativo: “El Acta del ‘96, cuyo propósito es ‘frenar el financiamiento de organizaciones terroristas’, (…) define que cualquiera que cometa actos contra la ’seguridad nacional’ es considerado terrorista. Pero si se tiene paciencia y se sigue leyendo, se encontrará que define ’seguridad nacional’ como la ‘defensa, seguridad e intereses económicos de Estados Unidos’. O sea que quien ataca de casi cualquier forma los intereses económicos de Estados Unidos puede ser considerado un terrorista”(8). Claro que los atentados del 11/9 facilitaron que el combate al terrorismo adquiera características más represivas y que 45 días después, el 26 de octubre de 2001 se promulgara la Ley Patriótica o Acta Patriótica (denominada en inglés “USA PATRIOT Act”), con competencia extraterritorial. La investigación de Red Eco sostiene que “La Patriotic Act, entre otras cosas, amplía las facultades del Presidente, de la justicia militar, y de las autoridades policiales. Confiere a las autoridades federales atribuciones amplias para vigilar e interceptar comunicaciones, tipifica nuevos delitos y establece nuevas penas aplicables a terroristas nacionales e internacionales”. Pero la aprobación de leyes antiterroristas no se quedó en las fronteras de Estados Unidos. El 3 de junio de 2002 la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención Interamericana contra el Terrorismo que entró en vigor el 7 de octubre de 2003 y tiene como objetivo que todos los estados americanos sancionen leyes antiterroristas que permitan un sistema continental de represión al terrorismo, sin limitaciones como el secreto bancario o el derecho de asilo. En ese marco y bajo presiones de los Estados Unidos y organismos financieros internacionales, en julio de 2007 se sanciona en Argentina, de manera prácticamente silenciosa, la Ley Antiterrorista (Ley 26.268). Numerosos organismos de derechos humanos alertaron sobre el peligro de esta ley y organizaciones de la sociedad civil se convocaron en un seminario internacional para debatir las implicancias de esta legislación en materia de derechos civiles. Para Stella Calloni “la gravedad de esta situación radica en que nunca se determinó a qué se refiere el término terrorismo, tan ambiguamente utilizado por Estados Unidos y especialmente en un país como Argentina, donde 30 mil personas fueron desaparecidas en nombre del combate al terrorismo en tiempos de la Guerra Fría. No sabemos de qué se trata la norma de esta ley que habla de ‘prevenir, sancionar y eliminar el terrorismo’, sin explicar sobre lo que se está hablando”(9). Existen ya en América Latina casos donde la aplicación de las leyes antiterroristas apuntan claramente a criminalizar y perseguir a miembros de organizaciones y movimientos sociales acusándolos de terroristas. En Chile, la Ley Antiterrorista data de los tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet y, aunque con leves modificaciones, continúa en vigencia. Haciendo uso de esta ley y con testigos de los que se ocultó su identidad (llamados “testigos sin rostro”) fueron condenados por “incendio terrorista” y continúan presos por el caso del Fundo Poluco Pidenco, en manos de la empresa Forestal Mininco, los indígenas del Pueblo Mapuche: Patricia Troncoso (quien sostuvo una huelga de hambre por 101 días llegando al borde de la muerte), José Huenchunao, Jaime Marileo, Juan Carlos Huenulao y Juan Patricio Marileo. Pese al compromiso de la presidenta Michelle Bachelet de no volver a recurrir a la ley antiterrorista en los conflictos de tierra con el Pueblo Mapuche, el ex presidente de la comunidad de Tricauco, Luis Catrimil Huenupe, de 60 años, fue condenado recientemente a cuatro años y un día de prisión por el mismo cargo de “incendio terrorista”. Otro caso de aplicación de la Ley Antiterrorista fue el de la ciudad de Suchitoto, en El Salvador, país que el 21 de septiembre del año 2006 aprobó la llamada Ley Especial contra Actos de Terrorismo, cuyo artículo 6 establece: “El que participare en forma individual o colectiva en tomas u ocupaciones de ciudades, poblados, edificios o instalaciones privadas, lugares de uso público, sedes diplomáticas, o de lugares destinados a cualquier culto religioso, sea total o parcialmente, empleando para ello armas, explosivos u artículos similares, afectando de esa manera el normal desarrollo de las funciones u actividades de los habitantes, personal o usuarios, será sancionado con prisión de veinticinco a treinta años”. Sin embargo, el 2 de julio de 2007, no estaban armadas ni atentaron contra nada ni contra nadie las organizaciones sociales comunitarias que participaban de una protesta pacífica frente al lanzamiento de la Política Nacional de Descentralización y la inauguración de un proyecto de agua que realizaría el presidente Elías Antonio Saca, cuando la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) perteneciente a la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo violentamente a 14 personas que fueron acusadas de terrorismo, amenazadas de muerte y sometidas a hostigamientos físicos y psicológicos. La lucha contra la militarización En respuesta a las estrategias militares, en cada país de América Latina y el Caribe han surgido movimientos de resistencia de mayor o menor confrontación. Algunos de ellos han trascendido sus fronteras llevando su mensaje a través de redes en todo el mundo -como los zapatistas- o integrándose a movimientos internacionales -como el Mocase VC- pero las experiencias que viven las diversas comunidades se repiten en tanto el sistema de dominación y violencia se reproduce. Reconociendo la importancia de compartir esas vivencias y de hacer común la información sobre los avances militaristas en la región, los primeros días de mayo del año 2003, organizaciones indígenas, campesinas y sociales; personalidades, académicos e intelectuales; periodistas y medios alternativos de comunicación; centros de derechos humanos, de desarrollo, de investigación y por la cultura de paz; cooperativas y comunidades afectadas por la militarización; viudas, desplazados, familiares de desaparecidos, organizaciones de mujeres, jóvenes y sindicatos, se reunieron en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el Primer Encuentro Hemisférico frente a la Militarización, en medio de fuertes operativos militares y paramilitares que se llevaban adelante contra las comunidades zapatistas, algunas de las cuales habían tenido que desplazarse hacia los Montes Azules. Aquel primer Encuentro en territorio chiapaneco, impregnado del espíritu del EZLN, permitió socializar experiencias, denunciar violaciones a los derechos humanos, compartir información y articular una lucha contra el militarismo dando nacimiento a la Campaña por la Desmilitarización de las Américas (CADA). Este año, bajo la consigna “Para callar las armas hablemos los pueblos”, se realizará en La Esperanza, Honduras, entre el 3 y el 5 de octubre (unos días antes del Foro Social Guatemala) el Segundo Encuentro Hemisférico frente a la Militarización, que pretende retomar el debate sobre la actual situación regional con la aprobación de las leyes antiterroristas, los planes militares como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, la reactivación de la IV Flota de los Estados Unidos, la presencia de la Misión de las Naciones Unidas de Estabilización de Haití (MINUSTAH), la lucha contra los operativos militares conjuntos, la incursión de militares estadounidenses y el establecimiento o mantenimiento de bases norteamericanas, el funcionamiento de la Escuela de las Américas y la ILEA, la persecución a campesinos, indígenas y miembros de movimientos sociales, a los que se criminaliza por defender sus derechos y su territorio o por perseguir una paz con justicia y dignidad. Analizar en conjunto las estrategias militares hegemónicas y conocer las experiencias de lucha y resistencia de los diferentes países presentes en el Encuentro será una forma de renovar y fortalecer articulaciones que trabajen por impedir la avanzada imperialista en América Latina y el Caribe.
(*) Periodista de NuestraAmerica.info
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