jueves, 17 de abril de 2008
Con el cierre de campañas, inició cuenta regresiva para elecciones en Paraguay
Con el cierre de campañas, inició cuenta regresiva en Paraguay
TeleSUR _ 17/04/08 - 11:10 CCS enviar imprimir
Los presidenciables realizaron este miércoles el cierre de campaña con diversos actos de masas, donde reiteraron sus propuestas y programas de gobierno.
- Duarte: No existe apoyo del Gobierno de Venezuela al candidato Fernando Lugo
Más de 2,8 millones de paraguayos iniciaron la cuenta regresiva para participar en los comicios de este 20 de abril, donde además de elegir al nuevo Presidente de la República, deben escoger a los gobiernos de los 17 departamentos y sus respectivas juntas departamentales, a 45 senadores, 80 diputados y a los 18 parlamentarios del Mercado Común del Sur (Mercosur).
Los presidenciables realizaron este miércoles el cierre de campaña con diversos actos de masas, donde reiteraron sus propuestas y programas de gobierno.
Al cierre de campaña de Fernando Lugo, del partido Alianza Patriótica para el Cambio (APC), asistieron unas 60 mil personas que se congregaron en el ex aeropuerto Alejo García, Ciudad del Este (Asunción).
Lugo agradeció la unidad demostrada por los simpatizantes de los partidos y movimientos sociales que forman parte de la coalición que lo apoya, además, se mostró seguro de que el próximo domingo, "Paraguay comenzará una nueva historia política".
El principal favorito de las encuestas aseguró que Paraguay "es y seguirá siendo libre".
Por su parte, la ex ministra de Educación, Blanca Ovelar, del Partido Colorado, realizó su cierre de campaña en la Plaza de Armas y, ante unas 40 mil personas, dio por segura su victoria en las elecciones de este domingo.
Con un discurso entre emotivo y triunfalista, Ovelar cerró el acto donde aseguró que durante la campaña pasó por situaciones difíciles que quisieron menoscabarla.
No obstante, afirmó que su partido "supo entender los signos de los tiempos", y por ello la mujer está ocupando su lugar en la política.
El aspirante de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace, derecha), el ex militar Lino Oviedo, inició a primeras horas de este miércoles un recorrido por el departamento Central, en el barrio San José de Mariano Roque Alonso, adonde llegó a bordo de su helicóptero.
Oviedo, que formó parte del Partido Colorado, mantenía hasta el pasado 10 de marzo una causa abierta en los tribunales de Paraguay por la masacre de siete jóvenes en las plazas del Congreso, el 26 de marzo de 1999, tras el asesinato del ex vicepresidente Luis María Argaña que culminó con la renuncia del entonces presidente Raúl Cubas.
Posibilidad de fraude
En entrevista concedida al diario El Clarín de Argentina, Fernando Lugo denunció la posibilidad de que el Partido Colorado cometa fraude al argumentar la significativa ventaja que le otorgan las encuestas sobre su principal rival, Blanca Ovelar.
"Hace 14 meses que encabezamos las encuestas, las últimas nuestras nos dan casi 16 puntos de diferencia, de 20 a 36 (contra Ovelar). Entonces ¿cómo será ese milagro electoral de un candidato que días antes de las elecciones va detrás con esa diferencia, que son cerca de 280 mil votos?", se preguntó en alusión a la confianza de Ovelar y el presidente Nicanor Duarte, al asegurar que el Partido Colorado obtendrá la victoria.
Aseveró que "hubo denuncias de papeletas que aparecen marcadas, cambios de votantes de un pueblo a otro, compra de cédulas".
En ese sentido, sostiene que "Paraguay necesita de profundas transformaciones, no parches ni maquillajes, sino cambios estructurales".
En cuanto a los señalamientos que hiciera el presidente paraguayo sobre la llegada de supuestos "agitadores" afines a él, para ocasionar violencia en caso de que pierda las elecciones, Fernando Lugo dijo: "Nadie le cree, son afirmaciones fantasiosas, no hay ningún sustento en sus afirmaciones, son parte de una guerra sucia que ha lanzado contra la alianza y contra mí", aseguró.
Por su parte, la ex ministra de Educación, en entrevista concedida a La Nación, defendió la transparencia de los resultados. "Los paraguayos sabemos hacer elecciones limpias y transparentes. Las últimas tres elecciones nacionales han sido incuestionables", dijo.
"Yo nunca seré partícipe de ningún artilugio que signifique escamotear la voluntad popular en las urnas. Y voy a respetar el resultado de las elecciones aun si pierdo por un voto", enfatizó.
La aspirante del Partido Colorado, fuerza política con 60 años en el poder, entre dictadura y democracia, añadió: "Tenemos el profundo compromiso de apuntar a una transformación, pero sobre la base de una estabilidad lograda".
Propuestas
Durante varios meses, los paraguayos escucharon las propuestas de Gobierno presentadas por los diversos candidatos presidenciales.
Ovelar, del partido gobernante, ha prometido que, en caso de resultar electa, emprenderá una lucha frontal contra la pobreza, subsidiando a los sectores más desfavorecidos y priorizando la alimentación del niño desde su gestación, mediante un programa de atención a las madres.
Además, ha ofrecido darle amplio desarrollo a programas educativos que permitan igualar las condiciones de ingreso de los paraguayos.
Por su parte, Fernando Lugo, a inicios de campaña indicó que, en caso de ganar las elecciones, implementará una reforma agraria de corte integral que no se limitará a la entrega de tierras, pues irá acompañada de una real política de desarrollo rural.
El aspirante a la presidencia por el partido Unace, Lino Oviedo, ha prometido la creación de una brigada especial antiabigeato, dotada de tecnología de punta y ha ofrecido la posibilidad de que las personas que conforman dicha brigada, obtengan créditos a 6,5 por ciento con largos años de plazo y de gracia.
Según los últimos sondeos realizados por el Instituto de Ciencia y Arte (ICA), Fernando Lugo cuenta con una intención de voto del 30, 9 por ciento; Blanca Ovelar cuenta con 30, 1 por ciento, lo que representa una ventaja de 0,8 por ciento de Lugo sobre Ovelar.
En el tercer lugar, con un 21, 4 por ciento, aparece Lino Oviedo, mientras que en cuarto lugar figura el empresario Pedro Fadul, del Partido Patria Querida (PPQ), con el 3,6 por ciento.
Otros sondeos ponen a Lugo con 34% de las intenciones de voto, seguido por el ex general Lino Oviedo (29%) y Ovelar (28,5%).
PARAGUAY- Domingo 20 de Abril Elecciones
Casi tres millones de paraguayos eligiran un nuevo presidente, los paraguayos en el exterior, no podrán decidir el destino de su país.
País que abandonaron por no tener perspectivas de una vida digna.
Mensaje final de Fernando Lugo: Este domingo, el pueblo elige.
Y gana Paraguay.
Lugo participó en seis debates.
El candidato a la Presidencia de la República por la Alianza Patriótica para el Cambio, Fernando Lugo, intervino durante la campaña electoral en media docena de debates, entre los que se encuentran el transmitido internacionalmente por la cadena estadounidense de televisión CNN el pasado 3 de abril. En una ocasión, en la Universidad Iberoamericana, el presidenciable fue la única persona que acudió a la convocatoria porque el resto no asistió.
Así lo recordó hoy Lugo en Radio 9.70, en donde repitió que su ausencia en el debate organizado en Telefuturo tuvo, como principal motivo, el hecho de que no existían las condiciones políticas necesarias, ya que el resto de los candidatos han iniciado una guerra sucia en los últimos días en la que incumplen las normas electorales. Para ello, esta campaña sucia emplea mentiras, calumnias e injurias, sin que la Justicia haya intervenido hasta la fecha.
Fernando Lugo destacó que, mientras otros mentían con el objetivo de conseguir votos, la Alianza Patriótica para el Cambio realizó una campaña limpia, con propuestas para los problemas que realmente afectan a las paraguayas y paraguayos.
La emisión del debate fue nuevamente utilizada para pautar espacios de publicidad en los que se realizan falsas acusaciones contra Fernando Lugo en relación a hechos muy graves ya analizados y cerrados por la Justicia. Del mismo modo, los participantes en el debate repitieron calumnias e injurias. En este sentido, la carta dirigida a Telefuturo señala que "los ciudadanos y ciudadanas paraguayos merecen todo el respeto, un respeto que ha sido vulnerado sistemáticamente en las últimos días y horas en la campaña electoral desarrollada por otros candidaturas a la Presidencia de la República".
País que abandonaron por no tener perspectivas de una vida digna.
Mensaje final de Fernando Lugo: Este domingo, el pueblo elige.
Y gana Paraguay.
Lugo participó en seis debates.
El candidato a la Presidencia de la República por la Alianza Patriótica para el Cambio, Fernando Lugo, intervino durante la campaña electoral en media docena de debates, entre los que se encuentran el transmitido internacionalmente por la cadena estadounidense de televisión CNN el pasado 3 de abril. En una ocasión, en la Universidad Iberoamericana, el presidenciable fue la única persona que acudió a la convocatoria porque el resto no asistió.
Así lo recordó hoy Lugo en Radio 9.70, en donde repitió que su ausencia en el debate organizado en Telefuturo tuvo, como principal motivo, el hecho de que no existían las condiciones políticas necesarias, ya que el resto de los candidatos han iniciado una guerra sucia en los últimos días en la que incumplen las normas electorales. Para ello, esta campaña sucia emplea mentiras, calumnias e injurias, sin que la Justicia haya intervenido hasta la fecha.
Fernando Lugo destacó que, mientras otros mentían con el objetivo de conseguir votos, la Alianza Patriótica para el Cambio realizó una campaña limpia, con propuestas para los problemas que realmente afectan a las paraguayas y paraguayos.
La emisión del debate fue nuevamente utilizada para pautar espacios de publicidad en los que se realizan falsas acusaciones contra Fernando Lugo en relación a hechos muy graves ya analizados y cerrados por la Justicia. Del mismo modo, los participantes en el debate repitieron calumnias e injurias. En este sentido, la carta dirigida a Telefuturo señala que "los ciudadanos y ciudadanas paraguayos merecen todo el respeto, un respeto que ha sido vulnerado sistemáticamente en las últimos días y horas en la campaña electoral desarrollada por otros candidaturas a la Presidencia de la República".
EDUARDO GALEANO - LA MALDICIÓN BLANCA
La maldición blanca.
Eduardo Galeano.
El primer día de este año, la libertad cumplió dos siglos de vida en el mundo. Nadie se enteró, o casi nadie. Pocos días después, el país del cumpleaños, Haití, pasó a ocupar algún espacio en los medios de comunicación; pero no por el aniversario de la libertad universal, sino porque se desató allí un baño de sangre que acabó volteando al presidente Aristide.
Haití fue el primer país donde se abolió la esclavitud. Sin embargo, las enciclopedias más difundidas y casi todos los textos de educación atribuyen a Inglaterra ese histórico honor. Es verdad que un buen día cambió de opinión el imperio que había sido campeón mundial del tráfico negrero; pero la abolición británica ocurrió en 1807, tres años después de la revolución haitiana, y resultó tan poco convincente que en 1832 Inglaterra tuvo que volver a prohibir la esclavitud.
Nada tiene de nuevo el ninguneo de Haití. Desde hace dos siglos, sufre desprecio y castigo. Thomas Jefferson, prócer de la libertad y propietario de esclavos, advertía que de Haití provenía el mal ejemplo; y decía que había que “confinar la peste en esa isla”. Su país lo escuchó. Los Estados Unidos demoraron sesenta años en otorgar reconocimiento diplomático a la más libre de las naciones. Mientras tanto, en Brasil, se llamaba haitianismo al desorden y a la violencia. Los dueños de los brazos negros se salvaron del haitianismo hasta 1888. Ese año, el Brasil abolió la esclavitud. Fue el último país en el mundo.
_____________________________
Haití ha vuelto a ser un país invisible, hasta la próxima carnicería. Mientras estuvo en las pantallas y en las páginas, a principios de este año, los medios trasmitieron confusión y violencia y confirmaron que los haitianos han nacido para hacer bien el mal y para hacer mal el bien.
Desde la revolución para acá, Haití sólo ha sido capaz de ofrecer tragedias. Era una colonia próspera y feliz y ahora es la nación más pobre del hemisferio occidental. Las revoluciones, concluyeron algunos especialistas, conducen al abismo. Y algunos dijeron, y otros sugirieron, que la tendencia haitiana al fratricidio proviene de la salvaje herencia que viene del Africa. El mandato de los ancestros. La maldición negra, que empuja al crimen y al caos.
De la maldición blanca, no se habló.
_________________________________
La Revolución Francesa había eliminado la esclavitud, pero Napoleón la había resucitado:
—¿Cuál ha sido el régimen más próspero para las colonias?
—El anterior.
—Pues, que se restablezca.
Y, para reimplantar la esclavitud en Haití, envió más de cincuenta naves llenas de soldados.
Los negros alzados vencieron a Francia y conquistaron la independencia nacional y la liberación de los esclavos. En 1804, heredaron una tierra arrasada por las devastadoras plantaciones de caña de azúcar y un país quemado por la guerra feroz. Y heredaron “la deuda francesa”. Francia cobró cara la humillación infligida a Napoleón Bonaparte. A poco de nacer, Haití tuvo que comprometerse a pagar una indemnización gigantesca, por el daño que había hecho liberándose. Esa expiación del pecado de la libertad le costó 150 millones de francos oro. El nuevo país nació estrangulado por esa soga atada al pescuezo: una fortuna que actualmente equivaldría a 21,700 millones de dólares o a 44 presupuestos totales del Haití de nuestros días. Mucho más de un siglo llevó el pago de la deuda, que los intereses de usura iban multiplicando. En 1938 se cumplió, por fin, la redención final. Para entonces, ya Haití pertenecía a los bancos de los Estados Unidos.
________________________________
A cambio de ese dineral, Francia reconoció oficialmente a la nueva nación. Ningún otro país la reconoció. Haití había nacido condenada a la soledad.
Tampoco Simón Bolívar la reconoció, aunque le debía todo. Barcos, armas y soldados le había dado Haití en 1816, cuando Bolívar llegó a la isla, derrotado, y pidió amparo y ayuda. Todo le dio Haití, con la sola condición de que liberara a los esclavos, una idea que hasta entonces no se le había ocurrido. Después, el prócer triunfó en su guerra de independencia y expresó su gratitud enviando a Port-au-Prince una espada de regalo. De reconocimiento, ni hablar.
En realidad, las colonias españolas que habían pasado a ser países independientes seguían teniendo esclavos, aunque algunas tuvieran, además, leyes que lo prohibían. Bolívar dictó la suya en 1821, pero la realidad no se dio por enterada. Treinta años después, en 1851, Colombia abolió la esclavitud; y Venezuela en 1854.
En 1915, los marines desembarcaron en Haití. Se quedaron diecinueve años. Lo primero que hicieron fue ocupar la aduana y la oficina de recaudación de impuestos. El ejército de ocupación retuvo el salario del presidente haitiano hasta que se resignó a firmar la liquidación del Banco de la Nación, que se convirtió en sucursal del Citibank de Nueva York. El presidente y todos los demás negros tenían la entrada prohibida en los hoteles, restoranes y clubes exclusivos del poder extranjero. Los ocupantes no se atrevieron a restablecer la esclavitud, pero impusieron el trabajo forzado para las obras públicas. Y mataron mucho. No fue fácil apagar los fuegos de la resistencia. El jefe guerrillero, Charlemagne Péralte, clavado en cruz contra una puerta, fue exhibido, para escarmiento, en la plaza pública.
La misión civilizadora concluyó en 1934. Los ocupantes se retiraron dejando en su lugar una Guardia Nacional, fabricada por ellos, para exterminar cualquier posible asomo de democracia. Lo mismo hicieron en Nicaragua y en la República Dominicana. Algún tiempo después, Duvalier fue el equivalente haitiano de Somoza y de Trujillo.
_____________________________
Y así, de dictadura en dictadura, de promesa en traición, se fueron sumando las desventuras y los años.
Aristide, el cura rebelde, llegó a la presidencia en 1991. Duró pocos meses. El gobierno de los Estados Unidos ayudó a derribarlo, se lo llevó, lo sometió a tratamiento y una vez reciclado lo devolvió, en brazos de los marines, a la presidencia. Y otra vez ayudó a derribarlo, en este año 2004, y otra vez hubo matanza. Y otra vez volvieron los marines, que siempre regresan, como la gripe.
Pero los expertos internacionales son mucho más devastadores que las tropas invasoras. País sumiso a las órdenes del Banco Mundial y del Fondo Monetario, Haití había obedecido sus instrucciones sin chistar. Le pagaron negándole el pan y la sal. Le congelaron los créditos, a pesar de que había desmantelado el Estado y había liquidado todos los aranceles y subsidios que protegían la producción nacional. Los campesinos cultivadores de arroz, que eran la mayoría, se convirtieron en mendigos o balseros. Muchos han ido y siguen yendo a parar a las profundidades del mar Caribe, pero esos náufragos no son cubanos y raras veces aparecen en los diarios.
Ahora Haití importa todo su arroz desde los Estados Unidos, donde los expertos internacionales, que son gente bastante distraída, se han olvidado de prohibir los aranceles y subsidios que protegen la producción nacional.
Ahora Haití importa todo su arroz desde los Estados Unidos, donde los expertos internacionales, que son gente bastante distraída, se han olvidado de prohibir los aranceles y subsidios que protegen la producción nacional.
____________________________
En la frontera donde termina la República Dominicana y empieza Haití, hay un gran cartel que advierte: El mal paso.
Al otro lado, está el infierno negro. Sangre y hambre, miseria, pestes.
En ese infierno tan temido, todos son escultores. Los haitianos tienen la costumbre de recoger latas y fierros viejos y con antigua maestría, recortando y martillando, sus manos crean maravillas que se ofrecen en los mercados populares.
Haití es un país arrojado al basural, por eterno castigo de su dignidad. Allí yace, como si fuera chatarra. Espera las manos de su gente.
Eduardo Galeano.
El primer día de este año, la libertad cumplió dos siglos de vida en el mundo. Nadie se enteró, o casi nadie. Pocos días después, el país del cumpleaños, Haití, pasó a ocupar algún espacio en los medios de comunicación; pero no por el aniversario de la libertad universal, sino porque se desató allí un baño de sangre que acabó volteando al presidente Aristide.
Haití fue el primer país donde se abolió la esclavitud. Sin embargo, las enciclopedias más difundidas y casi todos los textos de educación atribuyen a Inglaterra ese histórico honor. Es verdad que un buen día cambió de opinión el imperio que había sido campeón mundial del tráfico negrero; pero la abolición británica ocurrió en 1807, tres años después de la revolución haitiana, y resultó tan poco convincente que en 1832 Inglaterra tuvo que volver a prohibir la esclavitud.
Nada tiene de nuevo el ninguneo de Haití. Desde hace dos siglos, sufre desprecio y castigo. Thomas Jefferson, prócer de la libertad y propietario de esclavos, advertía que de Haití provenía el mal ejemplo; y decía que había que “confinar la peste en esa isla”. Su país lo escuchó. Los Estados Unidos demoraron sesenta años en otorgar reconocimiento diplomático a la más libre de las naciones. Mientras tanto, en Brasil, se llamaba haitianismo al desorden y a la violencia. Los dueños de los brazos negros se salvaron del haitianismo hasta 1888. Ese año, el Brasil abolió la esclavitud. Fue el último país en el mundo.
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Haití ha vuelto a ser un país invisible, hasta la próxima carnicería. Mientras estuvo en las pantallas y en las páginas, a principios de este año, los medios trasmitieron confusión y violencia y confirmaron que los haitianos han nacido para hacer bien el mal y para hacer mal el bien.
Desde la revolución para acá, Haití sólo ha sido capaz de ofrecer tragedias. Era una colonia próspera y feliz y ahora es la nación más pobre del hemisferio occidental. Las revoluciones, concluyeron algunos especialistas, conducen al abismo. Y algunos dijeron, y otros sugirieron, que la tendencia haitiana al fratricidio proviene de la salvaje herencia que viene del Africa. El mandato de los ancestros. La maldición negra, que empuja al crimen y al caos.
De la maldición blanca, no se habló.
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La Revolución Francesa había eliminado la esclavitud, pero Napoleón la había resucitado:
—¿Cuál ha sido el régimen más próspero para las colonias?
—El anterior.
—Pues, que se restablezca.
Y, para reimplantar la esclavitud en Haití, envió más de cincuenta naves llenas de soldados.
Los negros alzados vencieron a Francia y conquistaron la independencia nacional y la liberación de los esclavos. En 1804, heredaron una tierra arrasada por las devastadoras plantaciones de caña de azúcar y un país quemado por la guerra feroz. Y heredaron “la deuda francesa”. Francia cobró cara la humillación infligida a Napoleón Bonaparte. A poco de nacer, Haití tuvo que comprometerse a pagar una indemnización gigantesca, por el daño que había hecho liberándose. Esa expiación del pecado de la libertad le costó 150 millones de francos oro. El nuevo país nació estrangulado por esa soga atada al pescuezo: una fortuna que actualmente equivaldría a 21,700 millones de dólares o a 44 presupuestos totales del Haití de nuestros días. Mucho más de un siglo llevó el pago de la deuda, que los intereses de usura iban multiplicando. En 1938 se cumplió, por fin, la redención final. Para entonces, ya Haití pertenecía a los bancos de los Estados Unidos.
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A cambio de ese dineral, Francia reconoció oficialmente a la nueva nación. Ningún otro país la reconoció. Haití había nacido condenada a la soledad.
Tampoco Simón Bolívar la reconoció, aunque le debía todo. Barcos, armas y soldados le había dado Haití en 1816, cuando Bolívar llegó a la isla, derrotado, y pidió amparo y ayuda. Todo le dio Haití, con la sola condición de que liberara a los esclavos, una idea que hasta entonces no se le había ocurrido. Después, el prócer triunfó en su guerra de independencia y expresó su gratitud enviando a Port-au-Prince una espada de regalo. De reconocimiento, ni hablar.
En realidad, las colonias españolas que habían pasado a ser países independientes seguían teniendo esclavos, aunque algunas tuvieran, además, leyes que lo prohibían. Bolívar dictó la suya en 1821, pero la realidad no se dio por enterada. Treinta años después, en 1851, Colombia abolió la esclavitud; y Venezuela en 1854.
En 1915, los marines desembarcaron en Haití. Se quedaron diecinueve años. Lo primero que hicieron fue ocupar la aduana y la oficina de recaudación de impuestos. El ejército de ocupación retuvo el salario del presidente haitiano hasta que se resignó a firmar la liquidación del Banco de la Nación, que se convirtió en sucursal del Citibank de Nueva York. El presidente y todos los demás negros tenían la entrada prohibida en los hoteles, restoranes y clubes exclusivos del poder extranjero. Los ocupantes no se atrevieron a restablecer la esclavitud, pero impusieron el trabajo forzado para las obras públicas. Y mataron mucho. No fue fácil apagar los fuegos de la resistencia. El jefe guerrillero, Charlemagne Péralte, clavado en cruz contra una puerta, fue exhibido, para escarmiento, en la plaza pública.
La misión civilizadora concluyó en 1934. Los ocupantes se retiraron dejando en su lugar una Guardia Nacional, fabricada por ellos, para exterminar cualquier posible asomo de democracia. Lo mismo hicieron en Nicaragua y en la República Dominicana. Algún tiempo después, Duvalier fue el equivalente haitiano de Somoza y de Trujillo.
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Y así, de dictadura en dictadura, de promesa en traición, se fueron sumando las desventuras y los años.
Aristide, el cura rebelde, llegó a la presidencia en 1991. Duró pocos meses. El gobierno de los Estados Unidos ayudó a derribarlo, se lo llevó, lo sometió a tratamiento y una vez reciclado lo devolvió, en brazos de los marines, a la presidencia. Y otra vez ayudó a derribarlo, en este año 2004, y otra vez hubo matanza. Y otra vez volvieron los marines, que siempre regresan, como la gripe.
Pero los expertos internacionales son mucho más devastadores que las tropas invasoras. País sumiso a las órdenes del Banco Mundial y del Fondo Monetario, Haití había obedecido sus instrucciones sin chistar. Le pagaron negándole el pan y la sal. Le congelaron los créditos, a pesar de que había desmantelado el Estado y había liquidado todos los aranceles y subsidios que protegían la producción nacional. Los campesinos cultivadores de arroz, que eran la mayoría, se convirtieron en mendigos o balseros. Muchos han ido y siguen yendo a parar a las profundidades del mar Caribe, pero esos náufragos no son cubanos y raras veces aparecen en los diarios.
Ahora Haití importa todo su arroz desde los Estados Unidos, donde los expertos internacionales, que son gente bastante distraída, se han olvidado de prohibir los aranceles y subsidios que protegen la producción nacional.
Ahora Haití importa todo su arroz desde los Estados Unidos, donde los expertos internacionales, que son gente bastante distraída, se han olvidado de prohibir los aranceles y subsidios que protegen la producción nacional.
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En la frontera donde termina la República Dominicana y empieza Haití, hay un gran cartel que advierte: El mal paso.
Al otro lado, está el infierno negro. Sangre y hambre, miseria, pestes.
En ese infierno tan temido, todos son escultores. Los haitianos tienen la costumbre de recoger latas y fierros viejos y con antigua maestría, recortando y martillando, sus manos crean maravillas que se ofrecen en los mercados populares.
Haití es un país arrojado al basural, por eterno castigo de su dignidad. Allí yace, como si fuera chatarra. Espera las manos de su gente.
URUGUAY: PARTIDO DE LOS TRABAJADORES CONVOCA
El PT convoca al Acto
en Plaza Libertad
Viernes 18/4 - Hora 18:30
FUERA LAS TROPAS URUGUAYAS DE HAITÍ
Juicio y castigo a los responsables
de la masacre contra el pueblo haitiano
El PARTIDO DE LOS TRABAJADORES (PT) convoca al acto que se realizará el viernes 18 de abril, a las 18:30 horas, en la Plaza Libertad, por el retiro de las tropas uruguayas y latinoamericanas de Haití.
La masacre perpetrada por el gobierno haitiano y las "fuerzas de paz" de la ONU, contra la población civil hambrienta que se alzó contra la carestía de los alimentos, muestra una vez más el carácter reaccionario y antidemocrático de esta supuesta "misión humanitaria", verdadero ejército de ocupación para reprimir al pueblo de Haití. La misión de la ONU, en la cual participan soldados uruguayos, fue instalada para sostener al gobierno luego del golpe de Estado y el secuestro del presidente constitucional Jean Bertrand Aristide, por parte de los marines yanquis.
Las declaraciones de mandos militares uruguayos, que caracterizan a los haitianos que manifiestan en las calles contra el hambre y la carestía, como "terroristas", muestra que el recientemente relevado general Gloodtdofsky no era una excepción, sino que todos los mandos militares están cortados por la misma tijera reaccionaria y antidemocrática.
No son únicamente los mandos de las FF.AA. uruguayas los responsables de esta masacre; son las manos de Tabaré Vázquez, Lula, Kirchner y Cristina, Evo Morales y Bachelet, las que están manchadas en sangre, ya que mantienen las tropas de ocupación que reprimen al hambriento pueblo de Haití. Aunque las constituciones de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile y Bolivia, prohiben que las Fuerzas Armadas "mantengan el orden interno", estos gobiernos las utilizan para supuestamente "mantener la paz" contra los hambrientos haitianos; es decir, violan la constitución impúdicamente para hacerle los mandados a los imperialistas yanquis y franceses. Las fuerzas militares de la ONU dispararon a quemarropa contra manifestantes que se defendían con palos y piedras, y gritaban "Tenemos hambre".
Fuera las tropas uruguayas y latinoamericanas de Haití!
Juicio y castigo a los responsables de la masacre contra el pueblo haitiano!
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
--------------------------------------------------------------------------------
Para comunicarse con el PT:
Rafael Fernández: 099 553 220
Comisión de Prensa y Propaganda: prensaypropaganda@PT.org.uy
en Plaza Libertad
Viernes 18/4 - Hora 18:30
FUERA LAS TROPAS URUGUAYAS DE HAITÍ
Juicio y castigo a los responsables
de la masacre contra el pueblo haitiano
El PARTIDO DE LOS TRABAJADORES (PT) convoca al acto que se realizará el viernes 18 de abril, a las 18:30 horas, en la Plaza Libertad, por el retiro de las tropas uruguayas y latinoamericanas de Haití.
La masacre perpetrada por el gobierno haitiano y las "fuerzas de paz" de la ONU, contra la población civil hambrienta que se alzó contra la carestía de los alimentos, muestra una vez más el carácter reaccionario y antidemocrático de esta supuesta "misión humanitaria", verdadero ejército de ocupación para reprimir al pueblo de Haití. La misión de la ONU, en la cual participan soldados uruguayos, fue instalada para sostener al gobierno luego del golpe de Estado y el secuestro del presidente constitucional Jean Bertrand Aristide, por parte de los marines yanquis.
Las declaraciones de mandos militares uruguayos, que caracterizan a los haitianos que manifiestan en las calles contra el hambre y la carestía, como "terroristas", muestra que el recientemente relevado general Gloodtdofsky no era una excepción, sino que todos los mandos militares están cortados por la misma tijera reaccionaria y antidemocrática.
No son únicamente los mandos de las FF.AA. uruguayas los responsables de esta masacre; son las manos de Tabaré Vázquez, Lula, Kirchner y Cristina, Evo Morales y Bachelet, las que están manchadas en sangre, ya que mantienen las tropas de ocupación que reprimen al hambriento pueblo de Haití. Aunque las constituciones de Uruguay, Brasil, Argentina, Chile y Bolivia, prohiben que las Fuerzas Armadas "mantengan el orden interno", estos gobiernos las utilizan para supuestamente "mantener la paz" contra los hambrientos haitianos; es decir, violan la constitución impúdicamente para hacerle los mandados a los imperialistas yanquis y franceses. Las fuerzas militares de la ONU dispararon a quemarropa contra manifestantes que se defendían con palos y piedras, y gritaban "Tenemos hambre".
Fuera las tropas uruguayas y latinoamericanas de Haití!
Juicio y castigo a los responsables de la masacre contra el pueblo haitiano!
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES
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Para comunicarse con el PT:
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Comisión de Prensa y Propaganda: prensaypropaganda@PT.org.uy
URUGUAY: PLENARIA MEMORIA Y JUSTICIA CONVOCA
AHORA JUSTICIA
La plenaria se reúne todos los sábados de 17 hrs. a 21 hrs.
Nuestros correos son : plenaria@hotmail.com plenaria@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------------
Date: Wed, 16 Apr 2008 10:51:51 -0100
From: irmaslejos@gmail.com
To: plenaria@hotmail.com; plenaria@gmail.com; iarala1@gmail.com
Subject: 16.04.08
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
NADIE LOS LLAMO EN HAITI. NADIE. ES UNA OCUPÀSION. UNA INVASION PARA SOMETER AL PUEBLO HAITIANO.
UNA INVASION CONVERTIDA EN MASACRE. PARA QUE LA GENTE QUE SE MUERE DE HAMBRE NO SE LE LEVANTE.
DESDE ACA HAY UNA LUCHA QUE DAR: DESMANTALAR LOS APARATOS REPRESIVOS PORQUE SON EJERCITOS DE OCUPACION EN CADA PAIS AL ACECHO DE LAS LUCHAS POPULARES.
TENEMOS QUE PELEAR POR el RETIRO INMEDIATO DE LAS TROPAS DE HAITI Y DEL CONGO.
ESTE GOBIERNO NO SOLO RECIBIO AL ASESINO DE BUSH SINO QUE AVALA INTERVENCIONES EN OTROS PAISES Y ES RESPONSABLE DE LOS ASESINATOS A POBRES QUE SE REBELAN.
¿QUIEN LOS LLAMO? EL PUEBLO DE HAITI NO.
NO SE PUEDE AVALAR EL ENVIO DE TROPAS DE ESTE GOBIERNO PORQUE ES AVALAR ESTOS ASESINATOS. ESTE GOBIERNO ESTA INVOLUCRADO EN ASESINATOS DE HAMBRIENTOS HAITIANOS. ESTE GOBIERNO YA TIENE LAS MANOS ENSANGRENTADAS.
Y ahora que no nos salgan a decir que fueron excesos NO HUBO NI HAY EXCESOS SON ASESINOS NO SOLO LOS MILICOS DEL PROCESO MILITAR SINO SUS INSTITUCIONES Y SUS MERCENARIOS ENVIADOS A SOMETER A LOS HAITIANOS Y EN EL CASO DE QUE NO PUEDAN LOS MATAN.
MIENTRAS EL PILOTO DE LA MUERTE ENRIQUE BONELLI, ENVIA TROPAS A HAITI Y POR MILLONES DE DOLARES COMPRAN LANCHAS PARA REPRIMIR EN HAITI NO PODEMOS MIRAR A OTRO LADO. MIENTRAS PERMITAN QUE LOS FASCISTAS MILITARES Y CIVILES AMENACEN Y SIGAN IMPUNES HAY QUE REPUDIARLOS, ORGANIZARNOS Y MOVILIZARNOS.
FUERA TODAS LAS TROPAS DE HAITI. FUERA DE HAITI LAS TROPAS URUGUAYAS
NO PODRAN CON EL PUEBLO DE HAITI. QUE NO PUEDAN TAMPOCO CON NOSOSTROS. ¡ABAJO LA INDIFERENCIA!
ARRIBA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.
TODOS A LA PLAZA LIBERTAD
VIERNES 18 DE ABRIL A LAS 18 HORAS.
¡ABAJO LA OCUPACIÓN! ¡FUERA LA MINUSTAH YA!
PLENARIA MEMORIA Y JUSTICIA.
16 DE ABRIL DE 2008
La plenaria se reúne todos los sábados de 17 hrs. a 21 hrs.
Nuestros correos son : plenaria@hotmail.com plenaria@gmail.com
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Date: Wed, 16 Apr 2008 10:51:51 -0100
From: irmaslejos@gmail.com
To: plenaria@hotmail.com; plenaria@gmail.com; iarala1@gmail.com
Subject: 16.04.08
COMUNICADO A LA OPINION PUBLICA
NADIE LOS LLAMO EN HAITI. NADIE. ES UNA OCUPÀSION. UNA INVASION PARA SOMETER AL PUEBLO HAITIANO.
UNA INVASION CONVERTIDA EN MASACRE. PARA QUE LA GENTE QUE SE MUERE DE HAMBRE NO SE LE LEVANTE.
DESDE ACA HAY UNA LUCHA QUE DAR: DESMANTALAR LOS APARATOS REPRESIVOS PORQUE SON EJERCITOS DE OCUPACION EN CADA PAIS AL ACECHO DE LAS LUCHAS POPULARES.
TENEMOS QUE PELEAR POR el RETIRO INMEDIATO DE LAS TROPAS DE HAITI Y DEL CONGO.
ESTE GOBIERNO NO SOLO RECIBIO AL ASESINO DE BUSH SINO QUE AVALA INTERVENCIONES EN OTROS PAISES Y ES RESPONSABLE DE LOS ASESINATOS A POBRES QUE SE REBELAN.
¿QUIEN LOS LLAMO? EL PUEBLO DE HAITI NO.
NO SE PUEDE AVALAR EL ENVIO DE TROPAS DE ESTE GOBIERNO PORQUE ES AVALAR ESTOS ASESINATOS. ESTE GOBIERNO ESTA INVOLUCRADO EN ASESINATOS DE HAMBRIENTOS HAITIANOS. ESTE GOBIERNO YA TIENE LAS MANOS ENSANGRENTADAS.
Y ahora que no nos salgan a decir que fueron excesos NO HUBO NI HAY EXCESOS SON ASESINOS NO SOLO LOS MILICOS DEL PROCESO MILITAR SINO SUS INSTITUCIONES Y SUS MERCENARIOS ENVIADOS A SOMETER A LOS HAITIANOS Y EN EL CASO DE QUE NO PUEDAN LOS MATAN.
MIENTRAS EL PILOTO DE LA MUERTE ENRIQUE BONELLI, ENVIA TROPAS A HAITI Y POR MILLONES DE DOLARES COMPRAN LANCHAS PARA REPRIMIR EN HAITI NO PODEMOS MIRAR A OTRO LADO. MIENTRAS PERMITAN QUE LOS FASCISTAS MILITARES Y CIVILES AMENACEN Y SIGAN IMPUNES HAY QUE REPUDIARLOS, ORGANIZARNOS Y MOVILIZARNOS.
FUERA TODAS LAS TROPAS DE HAITI. FUERA DE HAITI LAS TROPAS URUGUAYAS
NO PODRAN CON EL PUEBLO DE HAITI. QUE NO PUEDAN TAMPOCO CON NOSOSTROS. ¡ABAJO LA INDIFERENCIA!
ARRIBA LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL.
TODOS A LA PLAZA LIBERTAD
VIERNES 18 DE ABRIL A LAS 18 HORAS.
¡ABAJO LA OCUPACIÓN! ¡FUERA LA MINUSTAH YA!
PLENARIA MEMORIA Y JUSTICIA.
16 DE ABRIL DE 2008
URUGUAY EN HAITÍ. CON QUÉ DERECHO MATAMOS LOS URUGUAYOS AL PUEBLO HAITIANO?
QUE HACEMOS EN HAITÍ?
Es a mi pueblo, que me dirijo, no al gobierno, no a los representantes de los diferentes partidos políticos.
A cada mujer, a cada hombre, a todos aquellos que se puedan conmover ante tanta injusticia.
Podrán decir, que también en Uruguay existe la injusticia, totalmente de acuerdo. Pero justifica ello nuestra indiferencia?
Pregunto a los familiares de esos soldados uruguayos que están matando, amenazando al pueblo haitiano, vale la pena?
Qué pasaría si les devolvieran los hijos, los padres, en ataúdes?, como sucediendo a los y las jóvenes de los Estados Unidos en Irak.
A ustedes soldados, los que ya estan, a los que enviaran en el futuro, cómo justificarían sus acciones?
De la misma manera que hoy los militares de la dictaura y sus servidores la justifican?
Estos son unas pocas fotos de "la paz", que estan llevando.
Fotos que no se encuentran en los medios uruguayos, no vaya a ser que la gente comience a pensar.
Qué es lo que están haciendo?
Por las noches, el pueblo haitiano vive el horror de las ametralladoras, que disparan a altura humana. Se dispara en los mercados, cuando el pueblo haitiano trata de conseguir algún tipo de alimento.
Ahora, el gobierno, ya ha concedido 6.200 mil dólares para la compra de 16 lanchas, justificando la compra, "drogas". La misma justificación que el gobierno de Uribe y el plan Colombia impuesto por los Estados Unidos.
Seguramente, esas lanchas seran para patrullar la frontera con República Dominicana, dónde algunos haitianos van a comprar comida, o van a refugiarse. Más de 1 millón de haitianos están en este país como refugiados.
No podría este dinero haberse empleado en algo que beneficiase al pueblo uruguayo?
La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos de Uruguay pidió explicaciones al gobierno, (Ministerio de Relaciones Exteriores y Comisiónes de Defensa Derechos Humanos del Parlamento), la respuesta no se dejó demorar, las 16 lanchas.
El viernes 17 de abril, a las 18:30, en Plaza Libertad, el 26 de Marzo llama a una marcha por la retirada de las tropas uruguayas,de todas las tropas,principalmente las nuestras porque nos atañe.
Divididos los uruguayos como estamos, muchos no participaran por ser el 26 de Marzo quién convoca.
Tiene alguna importancia,quién es el mensajero?
Lo importante es el mensaje: RETIRAR LAS TROPAS URUGUAYAS DE HAITÍ!!
Guardar silencio es, dar apoyo a la masacre del pueblo haitiano.
El movimiento de trabajadores, BATAY OUVRIYE, el accionar represivo de las tropas de la ONU afecta también las poblaciones de PUERTO PRINCIPE Y OUANAMINTHI.
El día 1o de Junio, la Coordinadora por la retirada de las tropas de Haití realizará una Jornada Continental por la retirada de las tropas. En la movilización se recogeran firmas y presionar al gobierno uruguayo, así mismo que la ONU ponga fin a la Misión de "ocupación y atropello de los derechos del pueblo de HAITÍ".
CARTA PARA SER FIRMADA
POR EL INMEDIATO RETIRO DE LAS TROPAS URUGUAYAS DE HAITÍ
Al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores
A la Cámara de Senadores y Diputados
Tropas de nuestro país, junto a las de otros países del continente, bajo el comando brasilero, conforman las MINUSTAH (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas para Haití), y ocupan Haití.
El pretexto es llevar la paz. Y en verdad están construyendo, a sangre y fuego, la paz de las multinacionales, del imperialismo y de la superexplotación: la paz de cementerio. Por eso, la MINUSTAH reprime las huelgas y luchas de los trabajadores que enfrentan la terrible miseria en que viven.
En nombre de esas funciones, tropas de nuestros países han llevado a cabo represiones sangrientas, tales como la masacre de 30 personas, incluso mujeres y niños, en Cité Soleil el 22 de diciembre del 2006.
Esta ocupación viola los más elementales derechos a la soberanía y de no intromisión en asuntos internos de otros países. Violenta asimismo el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Es un verdadero atropello a los derechos humanos esenciales de la población de un país hermano. Y es inadmisible bajo todo punto de vista.
Por lo dicho, los abajo firmantes nos pronunciamos por el inmediato retiro de las tropas uruguayas de la MINUSTAH y del territorio haitiano. Y a la vez, exigimos de la ONU el cese de esta misión de ocupación y de atropello a los derechos del pueblo de Haití.
Enviamos copia al Parlamento y por su intermedio hacemos llegar nuestra posición al Poder Ejecutivo.
VERGÜENZA HISTÓRICA: AHORA CUANDO EL PUEBLO SE LEVANTA EL GOBIERNO URUGUAYO TAMBIEN ESTA ASESINANDO EN HAITI. FUERA LAS TROPAS DE HAITI.
JUICIO Y CASTIGO A LOS INVASORES.
NADIE PUEDE MIRAR PARA OTRO LADO: LAS TROPAS URUGUAYAS ESTAN REPRIMIENDO Y MATANDO EN HAITI.
¡¡¡FUERA YA DE HAITI!!!
Coordinadora por el retiro de las tropas de Haití
martes, 26 de febrero de 2008
PARAGUAY: Una advertencia de lo que ocurrir cuando la tierra se enajena
Los monocultivos representan en nuestro Continente el modelo más genocida que el sistema neoliberal implanta. Los gobiernos, mal llamados progresistas, lacayos del imperialismo, aplauden. Las inversiones extranjeras traeran progreso, fuentes de trabajo.
Algunos de estos gobiernos, como el de Uruguay y de Chile, que subiendo por la izquierda, han demostrado sin dudas, que su política no puede ser más derechista y continuísta que los anteriores y posteriores a las dictaduras.
La paramilitarización del campo con la expansión de la soja.
artículo de Javiera Rulli 25 de febrero 2009 Indymedia.
Resumen:Este estremecedor relato de la paramilitarización del campo en el lejano pero siempre hermano país de Paraguay es un presagio y una advertencia de lo que puede ocurrir en México, y de lo que está ocurriendo con las diferencias del caso. Ceder tierra y territorio a las grandes empresas y a quienes quisieran recrear el latifundio del siglo 19 es condenar a millones de campesinos al exilio forzado o al envenenamiento por agrotóxicos.
Introducción
En este Boletín se presentan diversos registros de violencia contra la población campesina e indígena en Paraguay que tienen relación con el modelo agroexportador de la soya. En muchas zonas de Sudamérica se han registrado escaladas de violencia a consecuencia de la expansión de monocultivos de soya. Con este texto no se pretende criminalizar el cultivo de la soya, pero sí se propone analizar el modelo agroexportador que aumenta la violencia al agravar el acceso a la tierra.
Paraguay podría ser calificado como el país donde el agronegocio toma la cara más cruel, desplazando y violentando a la población rural con total impunidad. La militarización y para-militarización del campo están vinculadas a la ampliación y salvaguarda de los cultivos de soya, que no crecen solamente sobre las tierras de los latifundistas sino también, y en gran proporción, en la superficie de las comunidades campesinas e indígenas. El Centro de Documentación y Estudios (CDE) explica los antecedentes del conflicto así: "En las colonias campesinas se da un proceso de minifundización de las parcelas, especialmente en aquellas más antiguas a causa del crecimiento poblacional; a este hecho se le suma ahora el desplazamiento compulsivo de los pobladores de las comunidades campesinas, debido al avance de la agricultura comercial o mecanizada".
Diversas misiones de observadores internacionales han podido atestiguar la violencia que producen los monocultivos de soya sobre la población rural paraguaya. En este sentido, las conclusiones de la misión internacional de FIAN(1) y Vía Campesina en el año 2006 fueron rotundas: "la expansión desenfrenada del cultivo de soya causa hostigamientos, ataques y asesinatos cometidos por cuerpos policiales, parapoliciales y por grupos privados armados, en contra de líderes campesinos/as".
Así también se ha denunciado frente a diversos organismos estatales y de Derechos Humanos la existencia de escuadrones de la muerte dentro de la Policía Nacional, responsables de la muerte de por lo menos 18 dirigentes campesinos que fueron ejecutados por estos grupos. En otros casos, los asesinatos de líderes campesinos han sido cometidos por las comisiones de seguridad ciudadana. A estas organizaciones, que actúan como instrumento de represión y control social justo en los momentos en que los conflictos agrarios se intensifican, se les acusa de realizar prácticas totalmente ilegales tales como desalojos, allanamientos, torturas, asesinatos, ataques a la libertad de expresión y de religión, contra quienes no aceptan su orden.
La segunda expansión de la soya en Paraguay se da aproximadamente en el 2000 con la introducción de la soya GM (genéticamente modificada), y se refleja directamente en el aumento vertiginoso de campesinos sin tierra en los últimos años, debido a que esta última ola de expansión toma lugar principalmente en tierras campesinas, en un momento en el que se han agotado las reservas de tierras públicas. Al mismo tiempo, las comunidades que viven rodeadas de monocultivos de soya son violentadas directa o indirectamente. La práctica del "guardia armado", en los latifundios que rodean a la comunidad, o los guardias del productor soyero que alquila tierras dentro de la comunidad, conllevan la para-militarización del campo, la corrupción de las fuerzas del orden y el acoso a los sectores organizados de las comunidades.
Finalmente se debe atribuir otro tipo de violencia al modelo de la soya: las muertes por envenenamiento, intoxicaciones masivas, expulsiones "legales" de sus tierras, enajenación del territorio nacional, pérdida de la soberanía alimentaria y territorial que padece el país.
No se puede ignorar que en Paraguay la impunidad histórica de la que gozan los latifundistas determina un clima benigno donde los agronegocios puedan avanzar rápidamente. Esta es una de las características inalienables de la atracción de inversores extranjeros al país. La certeza de poder actuar impunes y de forma mafiosa para establecer su negocio, en un territorio donde lo único que importa es tener capital, no hay leyes ni ningún principio moral que seguir. El giro de la dictadura a la democracia en los años 90 no ha mejorado ostensiblemente la situación de los derechos humanos(2).
Desde 1989, año en que cayó la dictadura, han sido asesinados más de 100 dirigentes campesinos, de los cuales sólo un caso fue investigado y su autor condenado; los demás permanecen en la impunidad. La criminalización de la protesta es asimismo muy grave; en el 2004 las organizaciones campesinas llegaron a registrar 1.156 detenciones siendo la población rural aproximadamente de 2,3 millones de personas(3). Es un registro alarmante si se considera que en el mismo año en Brasil se dieron 421 detenciones en el campo, donde la población rural alcanza los 32 millones.
Asesinatos selectivosUn informe publicado en el 2007 por la Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay (CODEHUPY) detectó en un censo preliminar 75 víctimas de ejecuciones arbitrarias desde 1989 hasta el 2005, periodo supuestamente democrático en Paraguay. Estos casos no son todos los que se han registrado pero son los que se han confirmado.
El censo del informe demuestra que la mayoría de los asesinados son jóvenes varones, líderes de base, involucrados en la recuperación de tierras para implementar asentamientos campesinos. La mitad de los 75 asesinados tenía entre 20 y 39 años y el 45 % no tenía tierra propia. Así también el 66% de las víctimas eran dirigentes de base y/o militantes, dado que estas personas son las que se encuentran constantemente en las zonas de disputa por el territorio, son las cabezas visibles de la resistencia campesina y por ello también los sujetos más vulnerables. Según los propios autores, muchas de estas ejecuciones arbitrarias estuvieron encaminadas a causar terror en comunidades campesinas, a detener espirales de resistencia y protesta social o a descabezar organizaciones de base. Estos crímenes en la mayoría de los casos se pueden relacionar directamente con la expansión de los monocultivos de gran escala. En este caso la soya afecta en mayor grado a la población joven campesina, ya que obstaculiza el acceso a la tierra, además genera violencia contra las secciones de la población rural organizada.
Un detalle importante que cabe destacar es cómo la tasa de ejecuciones aumenta significativamente desde el año 94. Desde ese año se perpetraron 69 ejecuciones con un promedio de una cada 2 meses. Esta etapa coincide justamente con un aumento de la tasa de expansión de soya hasta 150 mil has/año(4). En 1995 se cultivaban 800 mil hectáreas; en 2003 se llegó a 2 millones y en la actualidad la soya cubre 2,4 millones de has.
Así también las regiones donde más ejecuciones se han dado coinciden relativamente con las regiones donde se ubica la frontera de la agricultura mecanizada. Guardias parapoliciales o sicarios fueron los victimarios de 53 casos de ejecuciones, mientras que la policía nacional cometió 22 ejecuciones.
Al analizar el informe se destaca el motivo de los crímenes que se dan, tal como se mencionó antes, en el marco de un proceso de adquisición de tierras por parte de una comunidad y donde los dueños de la tierra, usando a policías o parapoliciales, llevan a cabo emboscadas con el fin de asesinar a los líderes del movimiento local. En las regiones de Itapúa y Alto Paraná estos asesinatos se dan en un contexto de clara expansión de soya, tales como los casos de Santa Fe del Paraná en Alto Paraná, cuando en el 2000 Francisco Espínola, dirigente del campamento sin tierra "Santiago Martínez"(5), fue asesinado por guardias sicarios del latifundio alquilado por el brasileño William Welter. Posteriormente, en 2005, otro dirigente, César Marcos Ferreira, es asesinado por la misma causa. Estos casos reflejan claramente la violencia de la que es víctima la organización Movimiento Campesino Paraguayo a raíz de su lucha por lograr la expropiación de tierras alquiladas a soyeros de forma irregular, según el Estatuto Agrario.
También se destacan los asesinatos de Isidro Gómez Benítez en 1995 y de Víctor Díaz Paredes en el 2002 en la zona de Itapúa. Ambos asesinatos ocurrieron en la ocupación de tierras de la empresa Agrícola, Comercial, Industrial, Forestal, S.A. (ACIFSA), propiedad de un brasileño llamado Bortolini. Igualmente Bortolini aparece involucrado en el asesinato de 2 jóvenes en el 2004, Almir Brandt Kurtz y Bruno Carlos Da Silva, ambos baleados por peones de un latifundio en disputa.
El caso más reciente de asesinatos relacionados directamente con monocultivos de soya es el de los campesinos asesinados en agosto de 2007 en San Vicente, Departamento de San Pedro, al norte de la región oriental Paraguay. Este incidente demuestra claramente cómo en la frontera de expansión de los cultivos mecanizados, los latifundios soyeros van ahogando a la población, enajenándolos el acceso a los recursos naturales. El día 18 de agosto, 4 campesinos salieron de la comunidad para ir a cazar a su lugar habitual, un monte ubicado dentro de un latifundio de 93 mil has, llamado Agroganadera Aguaray, propiedad de Euvaldo de Araujo, brasileño que vive en Sao Paulo. Este latifundio ha sido deforestado mayoritariamente para implementar grandes monocultivos con rotación de soya-RR con maíz o trigo. Los 4 campesinos fueron emboscados y acribillados a balazos sorpresivamente por guardias del latifundio que se habían apostado en un escondite construido con ramas a un lado del camino. Los mismos guardias declararon a la policía que habían cumplido órdenes de sus patrones.
Violencia en las ocupaciones de tierra
Otro momento de violencia contra las organizaciones campesinas se da en los desalojos. Aunque en Paraguay la mayor parte de las colonias campesinas legalizadas existen gracias a la lucha y conquista de la tierra por las organizaciones campesinas, se da un proceso continuo de criminalización de estas acciones. El avance de los monocultivos de soya es uno de los principales factores de agotamiento de la tierra, e inaccesibilidad, por los altos precios que genera la especulación inmobiliaria. Esto ha repercutido gravemente en la violencia en los desalojos y la persecución a los sectores sin tierra. El último paso ha sido la reforma del código penal que ha determinado penas carcelarias de hasta 5 años y de carácter insustituible, por los cargos de invasión de inmuebles.
Se penaliza con cárcel no tener tierra y luchar por adquirirla, en un país donde casi el 30% de la población rural no tiene tierras. Para colmo, el 10% de los que tienen más tierra poseen el 66, 4%, y el 60 % de la población con menos tierra posee el 6,6%(6).
Según FIAN estos desalojos significan una violación grave del derecho a alimentarse, el derecho a la vivienda y de derechos civiles como el derecho a la integridad física, a la libertad y al debido proceso de las personas afectadas.
La última campaña de ocupación de tierras de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) en el 2006, se cobró muchas víctimas y represalias. La organización movilizó durante un mes a más de 10 mil personas para mantener 15 ocupaciones en todo el país con el fin de alojar a 2000 familias sin tierra. Como respuesta, se llevó a cabo una tremenda ola de represión y violencia contra los campesinos. Los desalojos se iniciaron en Itapúa el 31 de julio, cuando una comunidad fue desalojada por quinta vez después de 6 años de lucha, 40 familias fueron violentamente reprimidas y 5 miembros de la comunidad encarcelados por varios días. Esta situación continuó el 9 de agosto cuando se reiniciaron los desalojos de asentamientos nuevos y antiguos en Alto Paraná, Caazapá y San Pedro. El desalojo de San Pedro tuvo un herido como saldo. Así, la violencia culminó el 19 del mismo mes, cuando se reprimió a más de 1.000 personas en una protesta en Caazapá, con el resultado de 51 heridos. En esta ocasión se denunció que más de 200 manifestantes fueron duramente golpeados en un lapso de 2 horas.
Otro caso que se ha registrado en el Informe Alternativo de la sociedad Civil sobre la situación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESCs) en Paraguay, es el de los campesinos sin tierra de la Comisión Vecinal "Tetaguá Guaraní", distrito de Iruña y Naranjal, Departamento de Alto Paraná. Esta comisión vecinal compuesta por 1.200 familias está, desde el 2003, luchando por el acceso a 15.000 has de la propiedad de AGROPECO S.A., empresa que se sospecha ha incorporado grandes extensiones de tierra pública bajo su dominio y que además ha deforestado toda la superficie para implementar el cultivo de soya, dos razones que son suficientes para justificar la expropiación. Sin embargo el campamento de los sintierra fue desalojado de forma violenta en tres oportunidades durante el año 2004. En estas ocasiones la policía y los grupos de civiles armados que trabajan para la empresa AGROPECO destruyeron los cultivos de autoconsumo, quemaron los ranchos, alimentos y víveres, camas, colchones, ropas y contaminaron pozos de agua con basura y venenos.
Un ejemplo emblemático que demostró la frialdad y violencia de los empresarios soyeros, es el de los asesinatos en el desalojo de la comunidad de Tekojoja en el 2005, precisamente llamada "la trinchera de la soya", en el distrito de Vaquería. Esta recuperación de tierras mantenida por el Movimiento Agrario y Popular se inició en el 2003, cuando frente a la venta masiva de lotes de tierra campesina a los soyeros brasileños y la consecuente fragmentación de la comunidad, el movimiento campesino decidió entrar y reocupar los lotes malvendidos, o sea las derecheras, asentándose en 320 hectáreas. En los siguientes 3 años las familias sintierra sufrieron 3 desalojos, en los cuales se dio la participación de fiscales, militares, policías y guardias armados de los soyeros. Sin embargo, en ninguno de estos casos el fiscal contó con orden del juez de la causa para proceder al desalojo, sino que los desalojos respondieron siempre a actuaciones independientes de otros jueces locales en clara relación de connivencia con los intereses agroempresariales.
En estos 3 desalojos se produjeron destrucción de los cultivos, quema de las casas y robo del ganado. Pero es en el último desalojo cuando se da el mayor grado de violencia. En esta operación participaron 80 policías cascos azules y 40 policías de orden y seguridad, contando con la presencia de 2 fiscales.
Durante el desalojo, Ademir Opperman, el soyero que disputaba las tierras campesinas, junto con varios hombres fuertemente armados, entraron en la comunidad con coches todo terreno, camiones y tractores, robando, quemando y destruyendo las casas ante la mirada complaciente de policías y fiscales.
El conflicto acabó con alrededor de 150 personas arrestadas, incluyendo 60 niños. Opperman y sus hombres dispararon a un grupo de campesinos, hiriendo a 5 de ellos y matando a Ángel Cristaldo, de 20 años y a Leoncio Torres, de 49 años. La Corte Suprema falló a favor de la disputa de tierras de los campesinos, sentenció que no se podían vender tierras del programa de Reforma Agraria a empresarios extranjeros, sujetos que no son beneficiarios del Estatuto Agrario y los lotes han sido adjudicados a los sintierra. Así también gracias a la acción de la Pastoral Social de Caaguazú, se están reconstruyendo 57 casas a las familias como parte de una compensación por el atropello sufrido.
En la actualidad aún se mantiene el juicio por el doble asesinato. Sin embargo, Ademir Opperman está prófugo de la justicia después de que se le otorgó arresto domiciliario, encontrándose en prisión únicamente uno de los guardias. El juicio ha sido suspendido en varias ocasiones y ha sido severamente obstaculizado.
Violencia por defenderse de la fumigaciónEl modelo de agricultura intensiva también utiliza otra herramienta para desalojar y vaciar el territorio rural de su población: los pesticidas son el arma oculta que va degradando las condiciones de vida de las comunidades rurales, enfermando los cultivos, al ganado y a las personas, hasta que el asentamiento se hace inaguantable y las personas huyen para salvar su vida.
El caso más conocido de intoxicación provocada por fumigaciones en plantaciones de soya es el de la familia Talavera Villasboa, del Departamento de Itapúa. El 2 de enero de 2003, Silvino Talavera, de 11 años camino a casa, fue rociado con pesticidas por el productor de soya Herman Schlender que se encontraba fumigando sus tierras. Cuando el niño llegó a su casa, la familia, desconociendo lo ocurrido, cocinó los alimentos que trajo Silvino, que también habían sido fumigados. Unas horas después, la familia entera enfermó y sufrió nauseas, vómitos y dolores de cabeza. Silvino, que había absorbido directamente los pesticidas, tuvo que ser hospitalizado. Cuatro días más tarde regresó del hospital, pero ese mismo día otro productor de soya, Alfredo Laustenlager, fumigó su campo a tan sólo 15 metros del hogar de los Talavera Villasboa, haciendo caso omiso del viento que transportaba los agrotóxicos. Tras esta nueva fumigación, 3 hermanos de Silvino tuvieron que ser hospitalizados, así como otros 20 vecinos. Silvino no soportó esta segunda fumigación y falleció el 7 de enero de 2003.
El caso de Silvino es el más renombrado pero no es el único. La prensa paraguaya publicó una serie de notas en abril de 2006 sobre una comunidad campesina en Itapúa, donde nacieron 6 bebés con malformaciones congénitas (anencefalia). Una investigación periodística comprobó que "de las 57 familias que están dentro del perímetro de afectación, 17 casas se encuentran en medio de cultivos de soya y las 3 últimas mujeres que tuvieron sus bebés con anencefalia se embarazaron en el lugar". Sin embargo, la investigación del Ministerio de Salud publicó finalmente un informe que concluyó que las malformaciones no tenían relación con los agrotóxicos. Lo peculiar fue que el médico responsable de la investigación se negó a firmar este documento.
Conclusiones
En este trabajo se ha intentado enmarcar la situación de los derechos humanos en relación al modelo agroexportador de la soya. Se han presentado algunos casos que están documentados y son representativos de la situación nacional, pero se han obviado muchos otros donde la fuerza de las organizaciones no ha dado abasto para documentar con suficiente rigurosidad.
La imposición del agronegocio y su inclusión a los mercados globales ha profundizado las grietas en la sociedad paraguaya. La entrada de este capital se ha convertido en una fuerza ingobernable que ha acrecentado los niveles de corrupción y violencia contra la población rural. El gobierno paraguayo, cómplice y participe de estas operaciones, contribuye además criminalizando la pobreza y la exclusión de la población desplazada a las ciudades.
Estos breves resúmenes deben dar pie para considerar que la problemática social y ambiental consecuente de la producción de cultivos comerciales como la soya, no se puede remediar con soluciones técnicas, pues el conflicto excede la situación medioambiental. Más bien aborda los marcos del conflicto armado, una especie de guerra contra los campesinos. Se puede dilucidar que, detrás de esta violencia, la estrategia implícita es vaciar el territorio y luego volver a repoblarlo con población sumisa a este nuevo poder. La sumisión de la nueva población tomaría forma a través de créditos y la dependencia del mercado.
Se puede hablar de una guerra aunque sea una de tipo silencioso y encubierto y que no sólo termina en muertos. Más de 20 millones de litros de agroquímicos son esparcidos anualmente sobre el territorio paraguayo y así, solo en 2004, 400 personas fueron registradas en el Centro de Vigilancia de Intoxicación Aguda por Plaguicidas, del Ministerio de Salud. Esta realidad es la que los países importadores de soya y algunas grandes ONGs conservacionistas pretenden invisibilizar o directamente ya han dejado de lado el anhelo por el cambio, y sumisamente están conformando Mesas Redondas de Soya Responsable con criterios banales sobre tecnicismos que no tienen fundamento alguno. Por esta razón, en los dos encuentros de Mesas Redondas que se han realizado, se han producido manifestaciones de los sectores campesinos y ambientalistas para demostrar el rechazo a estas tentativas de maquillaje corporativo.
En ambas ocasiones los movimientos sociales hicieron extensas Declaraciones(7) que fueron desoídas por las ONGs involucradas, aunque estas declaraciones no dejaban duda sobre la situación de violencia que se vive y la imposibilidad de que el modelo de la soya sea sustentable. Tal como un campesino de Santiago del Estero lo mencionó en el 2005, "no se puede dialogar con el que está apuntándote con un arma". De la misma forma, a los sectores campesinos paraguayos se les hace imposible encontrar una vía de diálogo con el sector económico que mueve los hilos de violencia contra la población.
Notas
(1) FIAN, FoodFirst Information and Action Network, es la organización internacional de derechos humanos que promueve y defiende el derecho a la alimentación. Fundada en 1986, tiene estatus consultivo ante la ONU.
(2) En Paraguay no se ha desarrollado ningún juicio por los crímenes de la dictadura. Tampoco se ha indemnizado a víctimas, ni se han investigado los enriquecimientos ilícitos durante el proceso militar. En el Poder Legislativo se ha denunciado reiteradamente la estimación de 12 millones de has de tierras mal adjudicadas a "fieles" del ex dictador Stroessner.
(3) En noviembre de 2004 el gobierno decide sacar a los militares a las zonas rurales para contener la ola de ocupaciones de campesinos sin tierra. En febrero de 2005 se crearon 18 nuevos destacamentos militares en el interior del país, especialmente en los Departamentos de San Pedro, Concepción, Caazapá y Guairá, precisamente zonas con mayor presencia de organizaciones campesinas.
(4) En Paraguay, la soya ha mantenido un promedio de 125 mil has/año y representa un crecimiento del 191% durante el período 1995/96005/06.
(5) El asentamiento lleva el nombre de un dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), asesinado en el Departamento de Caaguazú en el 2001. Se sospecha que el asesinato está ligado a la recuperación de tierras en un latifundio de la familia Oviedo.
(6) Según datos del Censo 2002, realizado por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas, y Censo.
(7) Documento final del Contraencuentro de Iguazú sobre los impactos de la soya y los monocultivos, marzo de 2005, El Modelo de Desarrollo Irresponsable, Insustentable y Antidemocrático en el Paraguay actual, junio de 2006.Referencias bibliográficas1. Maeyens, A. (2006).
Referencias bibliográficas
1 Maeyens, A (2006)Soy expansion continues to trigger violent evictions and repression amongst Paraguayan peasants, en: http://www.aseed.net
2. Pilz, D., Quintín, R., Rodríguez, R., Villalba, R. (2004) La lucha campesina (1990004), Área Sociogremial CDE, Asunción-Paraguay.
4. FIAN (2006). La Reforma Agraria en Paraguay, Informe de la Misión Investigadora sobre el Estado de la realización de la Reforma Agraria en tanto obligación de Derechos Humanos, en: http://www.cviacampesina.org5.
Rulli, J. (2006) Peasant family in Paraguay condemned by agrotoxins, en: Blog de la campaña Justicia para Silvino Talavera. http://www.silvinotalavera.pyh.ca6.
CODEHUPY (2007) Informe Chokokue, Coordinadora de los Derechos Humanos Paraguay.7. Rulli, J. (2006) Historia del Movimiento Agrario y Popular. Diversos artículos sobre le Movimiento Agrario y Popular, en: http://www.lasoyamata.org
8. Amarilla, O., Gómez, I., Palau, M., (2006) Informe de la Sociedad Civil sobre el cumplimiento del PIDESC en el contexto rural (2000 - 2005) BASE IS, CIPAE y Tierraviva.
Algunos de estos gobiernos, como el de Uruguay y de Chile, que subiendo por la izquierda, han demostrado sin dudas, que su política no puede ser más derechista y continuísta que los anteriores y posteriores a las dictaduras.
La paramilitarización del campo con la expansión de la soja.
artículo de Javiera Rulli 25 de febrero 2009 Indymedia.
Resumen:Este estremecedor relato de la paramilitarización del campo en el lejano pero siempre hermano país de Paraguay es un presagio y una advertencia de lo que puede ocurrir en México, y de lo que está ocurriendo con las diferencias del caso. Ceder tierra y territorio a las grandes empresas y a quienes quisieran recrear el latifundio del siglo 19 es condenar a millones de campesinos al exilio forzado o al envenenamiento por agrotóxicos.
Introducción
En este Boletín se presentan diversos registros de violencia contra la población campesina e indígena en Paraguay que tienen relación con el modelo agroexportador de la soya. En muchas zonas de Sudamérica se han registrado escaladas de violencia a consecuencia de la expansión de monocultivos de soya. Con este texto no se pretende criminalizar el cultivo de la soya, pero sí se propone analizar el modelo agroexportador que aumenta la violencia al agravar el acceso a la tierra.
Paraguay podría ser calificado como el país donde el agronegocio toma la cara más cruel, desplazando y violentando a la población rural con total impunidad. La militarización y para-militarización del campo están vinculadas a la ampliación y salvaguarda de los cultivos de soya, que no crecen solamente sobre las tierras de los latifundistas sino también, y en gran proporción, en la superficie de las comunidades campesinas e indígenas. El Centro de Documentación y Estudios (CDE) explica los antecedentes del conflicto así: "En las colonias campesinas se da un proceso de minifundización de las parcelas, especialmente en aquellas más antiguas a causa del crecimiento poblacional; a este hecho se le suma ahora el desplazamiento compulsivo de los pobladores de las comunidades campesinas, debido al avance de la agricultura comercial o mecanizada".
Diversas misiones de observadores internacionales han podido atestiguar la violencia que producen los monocultivos de soya sobre la población rural paraguaya. En este sentido, las conclusiones de la misión internacional de FIAN(1) y Vía Campesina en el año 2006 fueron rotundas: "la expansión desenfrenada del cultivo de soya causa hostigamientos, ataques y asesinatos cometidos por cuerpos policiales, parapoliciales y por grupos privados armados, en contra de líderes campesinos/as".
Así también se ha denunciado frente a diversos organismos estatales y de Derechos Humanos la existencia de escuadrones de la muerte dentro de la Policía Nacional, responsables de la muerte de por lo menos 18 dirigentes campesinos que fueron ejecutados por estos grupos. En otros casos, los asesinatos de líderes campesinos han sido cometidos por las comisiones de seguridad ciudadana. A estas organizaciones, que actúan como instrumento de represión y control social justo en los momentos en que los conflictos agrarios se intensifican, se les acusa de realizar prácticas totalmente ilegales tales como desalojos, allanamientos, torturas, asesinatos, ataques a la libertad de expresión y de religión, contra quienes no aceptan su orden.
La segunda expansión de la soya en Paraguay se da aproximadamente en el 2000 con la introducción de la soya GM (genéticamente modificada), y se refleja directamente en el aumento vertiginoso de campesinos sin tierra en los últimos años, debido a que esta última ola de expansión toma lugar principalmente en tierras campesinas, en un momento en el que se han agotado las reservas de tierras públicas. Al mismo tiempo, las comunidades que viven rodeadas de monocultivos de soya son violentadas directa o indirectamente. La práctica del "guardia armado", en los latifundios que rodean a la comunidad, o los guardias del productor soyero que alquila tierras dentro de la comunidad, conllevan la para-militarización del campo, la corrupción de las fuerzas del orden y el acoso a los sectores organizados de las comunidades.
Finalmente se debe atribuir otro tipo de violencia al modelo de la soya: las muertes por envenenamiento, intoxicaciones masivas, expulsiones "legales" de sus tierras, enajenación del territorio nacional, pérdida de la soberanía alimentaria y territorial que padece el país.
No se puede ignorar que en Paraguay la impunidad histórica de la que gozan los latifundistas determina un clima benigno donde los agronegocios puedan avanzar rápidamente. Esta es una de las características inalienables de la atracción de inversores extranjeros al país. La certeza de poder actuar impunes y de forma mafiosa para establecer su negocio, en un territorio donde lo único que importa es tener capital, no hay leyes ni ningún principio moral que seguir. El giro de la dictadura a la democracia en los años 90 no ha mejorado ostensiblemente la situación de los derechos humanos(2).
Desde 1989, año en que cayó la dictadura, han sido asesinados más de 100 dirigentes campesinos, de los cuales sólo un caso fue investigado y su autor condenado; los demás permanecen en la impunidad. La criminalización de la protesta es asimismo muy grave; en el 2004 las organizaciones campesinas llegaron a registrar 1.156 detenciones siendo la población rural aproximadamente de 2,3 millones de personas(3). Es un registro alarmante si se considera que en el mismo año en Brasil se dieron 421 detenciones en el campo, donde la población rural alcanza los 32 millones.
Asesinatos selectivosUn informe publicado en el 2007 por la Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay (CODEHUPY) detectó en un censo preliminar 75 víctimas de ejecuciones arbitrarias desde 1989 hasta el 2005, periodo supuestamente democrático en Paraguay. Estos casos no son todos los que se han registrado pero son los que se han confirmado.
El censo del informe demuestra que la mayoría de los asesinados son jóvenes varones, líderes de base, involucrados en la recuperación de tierras para implementar asentamientos campesinos. La mitad de los 75 asesinados tenía entre 20 y 39 años y el 45 % no tenía tierra propia. Así también el 66% de las víctimas eran dirigentes de base y/o militantes, dado que estas personas son las que se encuentran constantemente en las zonas de disputa por el territorio, son las cabezas visibles de la resistencia campesina y por ello también los sujetos más vulnerables. Según los propios autores, muchas de estas ejecuciones arbitrarias estuvieron encaminadas a causar terror en comunidades campesinas, a detener espirales de resistencia y protesta social o a descabezar organizaciones de base. Estos crímenes en la mayoría de los casos se pueden relacionar directamente con la expansión de los monocultivos de gran escala. En este caso la soya afecta en mayor grado a la población joven campesina, ya que obstaculiza el acceso a la tierra, además genera violencia contra las secciones de la población rural organizada.
Un detalle importante que cabe destacar es cómo la tasa de ejecuciones aumenta significativamente desde el año 94. Desde ese año se perpetraron 69 ejecuciones con un promedio de una cada 2 meses. Esta etapa coincide justamente con un aumento de la tasa de expansión de soya hasta 150 mil has/año(4). En 1995 se cultivaban 800 mil hectáreas; en 2003 se llegó a 2 millones y en la actualidad la soya cubre 2,4 millones de has.
Así también las regiones donde más ejecuciones se han dado coinciden relativamente con las regiones donde se ubica la frontera de la agricultura mecanizada. Guardias parapoliciales o sicarios fueron los victimarios de 53 casos de ejecuciones, mientras que la policía nacional cometió 22 ejecuciones.
Al analizar el informe se destaca el motivo de los crímenes que se dan, tal como se mencionó antes, en el marco de un proceso de adquisición de tierras por parte de una comunidad y donde los dueños de la tierra, usando a policías o parapoliciales, llevan a cabo emboscadas con el fin de asesinar a los líderes del movimiento local. En las regiones de Itapúa y Alto Paraná estos asesinatos se dan en un contexto de clara expansión de soya, tales como los casos de Santa Fe del Paraná en Alto Paraná, cuando en el 2000 Francisco Espínola, dirigente del campamento sin tierra "Santiago Martínez"(5), fue asesinado por guardias sicarios del latifundio alquilado por el brasileño William Welter. Posteriormente, en 2005, otro dirigente, César Marcos Ferreira, es asesinado por la misma causa. Estos casos reflejan claramente la violencia de la que es víctima la organización Movimiento Campesino Paraguayo a raíz de su lucha por lograr la expropiación de tierras alquiladas a soyeros de forma irregular, según el Estatuto Agrario.
También se destacan los asesinatos de Isidro Gómez Benítez en 1995 y de Víctor Díaz Paredes en el 2002 en la zona de Itapúa. Ambos asesinatos ocurrieron en la ocupación de tierras de la empresa Agrícola, Comercial, Industrial, Forestal, S.A. (ACIFSA), propiedad de un brasileño llamado Bortolini. Igualmente Bortolini aparece involucrado en el asesinato de 2 jóvenes en el 2004, Almir Brandt Kurtz y Bruno Carlos Da Silva, ambos baleados por peones de un latifundio en disputa.
El caso más reciente de asesinatos relacionados directamente con monocultivos de soya es el de los campesinos asesinados en agosto de 2007 en San Vicente, Departamento de San Pedro, al norte de la región oriental Paraguay. Este incidente demuestra claramente cómo en la frontera de expansión de los cultivos mecanizados, los latifundios soyeros van ahogando a la población, enajenándolos el acceso a los recursos naturales. El día 18 de agosto, 4 campesinos salieron de la comunidad para ir a cazar a su lugar habitual, un monte ubicado dentro de un latifundio de 93 mil has, llamado Agroganadera Aguaray, propiedad de Euvaldo de Araujo, brasileño que vive en Sao Paulo. Este latifundio ha sido deforestado mayoritariamente para implementar grandes monocultivos con rotación de soya-RR con maíz o trigo. Los 4 campesinos fueron emboscados y acribillados a balazos sorpresivamente por guardias del latifundio que se habían apostado en un escondite construido con ramas a un lado del camino. Los mismos guardias declararon a la policía que habían cumplido órdenes de sus patrones.
Violencia en las ocupaciones de tierra
Otro momento de violencia contra las organizaciones campesinas se da en los desalojos. Aunque en Paraguay la mayor parte de las colonias campesinas legalizadas existen gracias a la lucha y conquista de la tierra por las organizaciones campesinas, se da un proceso continuo de criminalización de estas acciones. El avance de los monocultivos de soya es uno de los principales factores de agotamiento de la tierra, e inaccesibilidad, por los altos precios que genera la especulación inmobiliaria. Esto ha repercutido gravemente en la violencia en los desalojos y la persecución a los sectores sin tierra. El último paso ha sido la reforma del código penal que ha determinado penas carcelarias de hasta 5 años y de carácter insustituible, por los cargos de invasión de inmuebles.
Se penaliza con cárcel no tener tierra y luchar por adquirirla, en un país donde casi el 30% de la población rural no tiene tierras. Para colmo, el 10% de los que tienen más tierra poseen el 66, 4%, y el 60 % de la población con menos tierra posee el 6,6%(6).
Según FIAN estos desalojos significan una violación grave del derecho a alimentarse, el derecho a la vivienda y de derechos civiles como el derecho a la integridad física, a la libertad y al debido proceso de las personas afectadas.
La última campaña de ocupación de tierras de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) en el 2006, se cobró muchas víctimas y represalias. La organización movilizó durante un mes a más de 10 mil personas para mantener 15 ocupaciones en todo el país con el fin de alojar a 2000 familias sin tierra. Como respuesta, se llevó a cabo una tremenda ola de represión y violencia contra los campesinos. Los desalojos se iniciaron en Itapúa el 31 de julio, cuando una comunidad fue desalojada por quinta vez después de 6 años de lucha, 40 familias fueron violentamente reprimidas y 5 miembros de la comunidad encarcelados por varios días. Esta situación continuó el 9 de agosto cuando se reiniciaron los desalojos de asentamientos nuevos y antiguos en Alto Paraná, Caazapá y San Pedro. El desalojo de San Pedro tuvo un herido como saldo. Así, la violencia culminó el 19 del mismo mes, cuando se reprimió a más de 1.000 personas en una protesta en Caazapá, con el resultado de 51 heridos. En esta ocasión se denunció que más de 200 manifestantes fueron duramente golpeados en un lapso de 2 horas.
Otro caso que se ha registrado en el Informe Alternativo de la sociedad Civil sobre la situación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESCs) en Paraguay, es el de los campesinos sin tierra de la Comisión Vecinal "Tetaguá Guaraní", distrito de Iruña y Naranjal, Departamento de Alto Paraná. Esta comisión vecinal compuesta por 1.200 familias está, desde el 2003, luchando por el acceso a 15.000 has de la propiedad de AGROPECO S.A., empresa que se sospecha ha incorporado grandes extensiones de tierra pública bajo su dominio y que además ha deforestado toda la superficie para implementar el cultivo de soya, dos razones que son suficientes para justificar la expropiación. Sin embargo el campamento de los sintierra fue desalojado de forma violenta en tres oportunidades durante el año 2004. En estas ocasiones la policía y los grupos de civiles armados que trabajan para la empresa AGROPECO destruyeron los cultivos de autoconsumo, quemaron los ranchos, alimentos y víveres, camas, colchones, ropas y contaminaron pozos de agua con basura y venenos.
Un ejemplo emblemático que demostró la frialdad y violencia de los empresarios soyeros, es el de los asesinatos en el desalojo de la comunidad de Tekojoja en el 2005, precisamente llamada "la trinchera de la soya", en el distrito de Vaquería. Esta recuperación de tierras mantenida por el Movimiento Agrario y Popular se inició en el 2003, cuando frente a la venta masiva de lotes de tierra campesina a los soyeros brasileños y la consecuente fragmentación de la comunidad, el movimiento campesino decidió entrar y reocupar los lotes malvendidos, o sea las derecheras, asentándose en 320 hectáreas. En los siguientes 3 años las familias sintierra sufrieron 3 desalojos, en los cuales se dio la participación de fiscales, militares, policías y guardias armados de los soyeros. Sin embargo, en ninguno de estos casos el fiscal contó con orden del juez de la causa para proceder al desalojo, sino que los desalojos respondieron siempre a actuaciones independientes de otros jueces locales en clara relación de connivencia con los intereses agroempresariales.
En estos 3 desalojos se produjeron destrucción de los cultivos, quema de las casas y robo del ganado. Pero es en el último desalojo cuando se da el mayor grado de violencia. En esta operación participaron 80 policías cascos azules y 40 policías de orden y seguridad, contando con la presencia de 2 fiscales.
Durante el desalojo, Ademir Opperman, el soyero que disputaba las tierras campesinas, junto con varios hombres fuertemente armados, entraron en la comunidad con coches todo terreno, camiones y tractores, robando, quemando y destruyendo las casas ante la mirada complaciente de policías y fiscales.
El conflicto acabó con alrededor de 150 personas arrestadas, incluyendo 60 niños. Opperman y sus hombres dispararon a un grupo de campesinos, hiriendo a 5 de ellos y matando a Ángel Cristaldo, de 20 años y a Leoncio Torres, de 49 años. La Corte Suprema falló a favor de la disputa de tierras de los campesinos, sentenció que no se podían vender tierras del programa de Reforma Agraria a empresarios extranjeros, sujetos que no son beneficiarios del Estatuto Agrario y los lotes han sido adjudicados a los sintierra. Así también gracias a la acción de la Pastoral Social de Caaguazú, se están reconstruyendo 57 casas a las familias como parte de una compensación por el atropello sufrido.
En la actualidad aún se mantiene el juicio por el doble asesinato. Sin embargo, Ademir Opperman está prófugo de la justicia después de que se le otorgó arresto domiciliario, encontrándose en prisión únicamente uno de los guardias. El juicio ha sido suspendido en varias ocasiones y ha sido severamente obstaculizado.
Violencia por defenderse de la fumigaciónEl modelo de agricultura intensiva también utiliza otra herramienta para desalojar y vaciar el territorio rural de su población: los pesticidas son el arma oculta que va degradando las condiciones de vida de las comunidades rurales, enfermando los cultivos, al ganado y a las personas, hasta que el asentamiento se hace inaguantable y las personas huyen para salvar su vida.
El caso más conocido de intoxicación provocada por fumigaciones en plantaciones de soya es el de la familia Talavera Villasboa, del Departamento de Itapúa. El 2 de enero de 2003, Silvino Talavera, de 11 años camino a casa, fue rociado con pesticidas por el productor de soya Herman Schlender que se encontraba fumigando sus tierras. Cuando el niño llegó a su casa, la familia, desconociendo lo ocurrido, cocinó los alimentos que trajo Silvino, que también habían sido fumigados. Unas horas después, la familia entera enfermó y sufrió nauseas, vómitos y dolores de cabeza. Silvino, que había absorbido directamente los pesticidas, tuvo que ser hospitalizado. Cuatro días más tarde regresó del hospital, pero ese mismo día otro productor de soya, Alfredo Laustenlager, fumigó su campo a tan sólo 15 metros del hogar de los Talavera Villasboa, haciendo caso omiso del viento que transportaba los agrotóxicos. Tras esta nueva fumigación, 3 hermanos de Silvino tuvieron que ser hospitalizados, así como otros 20 vecinos. Silvino no soportó esta segunda fumigación y falleció el 7 de enero de 2003.
El caso de Silvino es el más renombrado pero no es el único. La prensa paraguaya publicó una serie de notas en abril de 2006 sobre una comunidad campesina en Itapúa, donde nacieron 6 bebés con malformaciones congénitas (anencefalia). Una investigación periodística comprobó que "de las 57 familias que están dentro del perímetro de afectación, 17 casas se encuentran en medio de cultivos de soya y las 3 últimas mujeres que tuvieron sus bebés con anencefalia se embarazaron en el lugar". Sin embargo, la investigación del Ministerio de Salud publicó finalmente un informe que concluyó que las malformaciones no tenían relación con los agrotóxicos. Lo peculiar fue que el médico responsable de la investigación se negó a firmar este documento.
Conclusiones
En este trabajo se ha intentado enmarcar la situación de los derechos humanos en relación al modelo agroexportador de la soya. Se han presentado algunos casos que están documentados y son representativos de la situación nacional, pero se han obviado muchos otros donde la fuerza de las organizaciones no ha dado abasto para documentar con suficiente rigurosidad.
La imposición del agronegocio y su inclusión a los mercados globales ha profundizado las grietas en la sociedad paraguaya. La entrada de este capital se ha convertido en una fuerza ingobernable que ha acrecentado los niveles de corrupción y violencia contra la población rural. El gobierno paraguayo, cómplice y participe de estas operaciones, contribuye además criminalizando la pobreza y la exclusión de la población desplazada a las ciudades.
Estos breves resúmenes deben dar pie para considerar que la problemática social y ambiental consecuente de la producción de cultivos comerciales como la soya, no se puede remediar con soluciones técnicas, pues el conflicto excede la situación medioambiental. Más bien aborda los marcos del conflicto armado, una especie de guerra contra los campesinos. Se puede dilucidar que, detrás de esta violencia, la estrategia implícita es vaciar el territorio y luego volver a repoblarlo con población sumisa a este nuevo poder. La sumisión de la nueva población tomaría forma a través de créditos y la dependencia del mercado.
Se puede hablar de una guerra aunque sea una de tipo silencioso y encubierto y que no sólo termina en muertos. Más de 20 millones de litros de agroquímicos son esparcidos anualmente sobre el territorio paraguayo y así, solo en 2004, 400 personas fueron registradas en el Centro de Vigilancia de Intoxicación Aguda por Plaguicidas, del Ministerio de Salud. Esta realidad es la que los países importadores de soya y algunas grandes ONGs conservacionistas pretenden invisibilizar o directamente ya han dejado de lado el anhelo por el cambio, y sumisamente están conformando Mesas Redondas de Soya Responsable con criterios banales sobre tecnicismos que no tienen fundamento alguno. Por esta razón, en los dos encuentros de Mesas Redondas que se han realizado, se han producido manifestaciones de los sectores campesinos y ambientalistas para demostrar el rechazo a estas tentativas de maquillaje corporativo.
En ambas ocasiones los movimientos sociales hicieron extensas Declaraciones(7) que fueron desoídas por las ONGs involucradas, aunque estas declaraciones no dejaban duda sobre la situación de violencia que se vive y la imposibilidad de que el modelo de la soya sea sustentable. Tal como un campesino de Santiago del Estero lo mencionó en el 2005, "no se puede dialogar con el que está apuntándote con un arma". De la misma forma, a los sectores campesinos paraguayos se les hace imposible encontrar una vía de diálogo con el sector económico que mueve los hilos de violencia contra la población.
Notas
(1) FIAN, FoodFirst Information and Action Network, es la organización internacional de derechos humanos que promueve y defiende el derecho a la alimentación. Fundada en 1986, tiene estatus consultivo ante la ONU.
(2) En Paraguay no se ha desarrollado ningún juicio por los crímenes de la dictadura. Tampoco se ha indemnizado a víctimas, ni se han investigado los enriquecimientos ilícitos durante el proceso militar. En el Poder Legislativo se ha denunciado reiteradamente la estimación de 12 millones de has de tierras mal adjudicadas a "fieles" del ex dictador Stroessner.
(3) En noviembre de 2004 el gobierno decide sacar a los militares a las zonas rurales para contener la ola de ocupaciones de campesinos sin tierra. En febrero de 2005 se crearon 18 nuevos destacamentos militares en el interior del país, especialmente en los Departamentos de San Pedro, Concepción, Caazapá y Guairá, precisamente zonas con mayor presencia de organizaciones campesinas.
(4) En Paraguay, la soya ha mantenido un promedio de 125 mil has/año y representa un crecimiento del 191% durante el período 1995/96005/06.
(5) El asentamiento lleva el nombre de un dirigente del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP), asesinado en el Departamento de Caaguazú en el 2001. Se sospecha que el asesinato está ligado a la recuperación de tierras en un latifundio de la familia Oviedo.
(6) Según datos del Censo 2002, realizado por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas, y Censo.
(7) Documento final del Contraencuentro de Iguazú sobre los impactos de la soya y los monocultivos, marzo de 2005, El Modelo de Desarrollo Irresponsable, Insustentable y Antidemocrático en el Paraguay actual, junio de 2006.Referencias bibliográficas1. Maeyens, A. (2006).
Referencias bibliográficas
1 Maeyens, A (2006)Soy expansion continues to trigger violent evictions and repression amongst Paraguayan peasants, en: http://www.aseed.net
2. Pilz, D., Quintín, R., Rodríguez, R., Villalba, R. (2004) La lucha campesina (1990004), Área Sociogremial CDE, Asunción-Paraguay.
4. FIAN (2006). La Reforma Agraria en Paraguay, Informe de la Misión Investigadora sobre el Estado de la realización de la Reforma Agraria en tanto obligación de Derechos Humanos, en: http://www.cviacampesina.org5.
Rulli, J. (2006) Peasant family in Paraguay condemned by agrotoxins, en: Blog de la campaña Justicia para Silvino Talavera. http://www.silvinotalavera.pyh.ca6.
CODEHUPY (2007) Informe Chokokue, Coordinadora de los Derechos Humanos Paraguay.7. Rulli, J. (2006) Historia del Movimiento Agrario y Popular. Diversos artículos sobre le Movimiento Agrario y Popular, en: http://www.lasoyamata.org
8. Amarilla, O., Gómez, I., Palau, M., (2006) Informe de la Sociedad Civil sobre el cumplimiento del PIDESC en el contexto rural (2000 - 2005) BASE IS, CIPAE y Tierraviva.
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