Perú adopta el concepto de acción militar preventiva

Por: Sebastián Pelegrino


Recientes medidas tomadas por el gobierno de Alan García en materia de Seguridad y Defensa señalan la creciente gravitación de la Casa Blanca en los procesos políticos y conflictos de la región.
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El complejo escenario político militar andino, con epicentro en Colombia y sus diversos focos de tensión con los Gobiernos vecinos y las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC), se ha convertido en el punto de partida del nuevo trazado estratégico de la política exterior de Estados Unidos hacia la región.

En los últimos meses aumentó notablemente la presencia de militares estadounidenses en distintas áreas del continente. También se realizaron denuncias contra el Embajador de Washington en Bolivia por su supuesta participación en el proceso secesionista del departamento de Santa Cruz.

El ataque al campamento del número 2 de las FARC Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, llevado a cabo en marzo pasado por tropas del Ejército colombiano, se constituyó en la puesta en marcha de la llamada Doctrina Uribe: una versión importada de la justificación ideológica de la administración Bush para las denominadas “Guerra Preventiva” y “lucha global contra el terrorismo”.

En el proceso de regionalización del conflicto andino, favorable a los intereses de la Casa Blanca que busca frenar los intentos de transformación y de integración impulsados por varios Gobiernos latinoamericanos, se ha incorporado un nuevo actor colectivo:
el Gobierno de Perú.

En los últimos días, fuentes del Ejército peruano adelantaron la posibilidad de que la base militar estadounidense en Manta sea relocalizada en la provincia de Ayacucho, a 575 kilómetros de Lima.

En dicha provincia se desarrolló el epicentro del conflicto interno que durante los años 80 y parte de los 90 se desató entre la agrupación maoísta Sendero Luminoso y las fuerzas de seguridad nacional de Perú, que aún continúa sin resolverse.

A pesar de haber sido negado el presunto traslado de la base por el presidente Alan García, el Jefe del Ejército peruano, General Edwin Donayre, afirmó: “Efectivamente estamos en conversaciones (con Estados Unidos) para construir un aeropuerto militar”.

Según fuentes consultadas, la negociación del Ejército peruano con el Pentágono estaría vinculada con la eventual firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) que ya fue suscripto por Estados Unidos y la actual administración limeña en 2007.

Por otra parte, durante una reunión celebrada en Bogotá el pasado 3 de junio entre el Ministro de Defensa colombiano Juan Manuel Santos y su par peruano Ántero Flores Aráoz acordaron reforzar la seguridad fronteriza e "impulsar la cooperación binacional en las áreas de Defensa y en las acciones de lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen transnacional organizado".

El encuentro se produjo a partir de presuntos nuevos documentos informáticos hallados en las computadoras del campamento de Raúl Reyes, que vincularían a las FARC con los grupos guerrilleros peruanos Tupac Amarú y Sendero Luminoso.

Sobre las polémicas computadoras, novedosa fuente de inagotables argumentos para los objetivos políticos del presidente Uribe, es preciso realizar algunas observaciones.

En principio, no sólo es injustificable el modo en que las presuntas pruebas fueron “halladas”, sino que el Gobierno colombiano es juez y parte en el manejo y divulgación de los contenidos de los archivos. Tanto es así, que la revisión de los materiales informáticos por parte de la organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), demostró que tales elementos fueron “revisados” 48.055 veces por los investigadores colombianos antes de ser ofrecidos a la entidad.

El otro dato curioso surge a partir del análisis sobre el momento en que las distintas evidencias se fueron presentando al conocimiento público: los presuntos correos-e que vincularían a las FARC con una facción del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA), denominada ‘Venceremos’, fueron divulgados por medios de comunicación peruanos días antes de la cumbre entre los ministros de Defensa de Colombia y Perú.

De ese encuentro, una de las conclusiones centrales fue el refuerzo de la seguridad fronteriza bilateral ante lo que los funcionarios consideraron una posible expansión de la violencia “terrorista” dentro el Estado peruano.

Lo cierto es que la Doctrina Uribe, guiada y respaldada por el gobierno de George W. Bush, consiguió en los últimos meses una concreta y decidida alineación de la administración peruana con los planes estadounidenses de militarización latinoamericana e intervención extraterritorial sobre la soberanía de otros países que protejan “agrupaciones terroristas”. Tales son los objetivos primordiales de la actual política exterior de la Casa Blanca.

En este sentido, resulta interesante considerar la siguiente información - divulgada días atrás- relacionada con la criminalización de agrupaciones enmarcadas en la categoría “terroristas” según el criterio de la Casa Blanca: militares estadounidenses y diversas agencias policiales a lo largo del continente sudamericano -en un informe realizado por Telemundo y NBC- advirtieron que “el grupo terrorista Hezbollah echó raíces en América del Sur, fomentando una bien financiada fuerza de radicales listos para probar su odio hacia los Estados Unidos con su muerte”.

La noticia trascendió luego de que fuentes de inteligencia de Estados Unidos y Canadá informaran que “últimamente miembros de Hezbollah estuvieron haciendo seguimiento y observaciones de la Embajada de Israel ubicada en Ottawa y de algunas sinagogas en Toronto”. Asimismo advirtieron que América Latina es considerada también un objetivo posible para un nuevo atentado de la agrupación islámica.

Retomando la cuestión de las políticas de seguridad de la administración limeña, a fines de mayo pasado el Gobierno de Alan García autorizó, por medio del Ministro peruano de Defensa, el ingreso de tropas estadounidenses al país como parte del programa humanitario de Washington “Nuevos Horizontes”, con el objeto de “sostener reuniones de coordinación sobre temas de desminado humanitario”, según una resolución ministerial publicada en el diario oficial El Peruano.

El programa de ayuda humanitaria fue presentado como respuesta a la crisis social que atraviesa la provincia de Ayacucho.

La medida del Ministro de Defensa fue tomada en medio de otra polémica por el envío de más de un millar de militares estadounidenses a Perú, que se realizará entre el 1 de junio y el 31 de agosto. Miembros del Partido Nacionalista Peruano (PNP), que lidera el ex comandante y ex candidato presidencial Ollanta Humala, criticaron al gobierno de Alan García por considerar que el ingreso de tropas sería una intromisión en asuntos internos del país. Además, los nacionalistas vienen denunciando reiteradamente que los agentes enviados por la Casa Blanca llevan armas de guerra.

Los rumores sobre la posibilidad de que la agrupación Sendero Luminoso retome en los próximos meses la lucha armada en Perú, sumados a la postura de militarización y refuerzo de los mecanismos de defensa tomada por los funcionarios de Lima frente a lo que califican como “eventuales acciones terroristas”, acrecientan el riesgo de una renovada versión de la Doctrina de Seguridad Nacional.

En este sentido, lo que a partir de los 60 se presentó como el enemigo interno en Latinoamérica (el fantasma del comunismo soviético), ahora se consolida en la versión del llamado “narcoterrorismo andino”.

Las distintas experiencias históricas de aplicación de tal doctrina en la región señalan las consecuencias posibles para los próximos años: la renovación y expansión de la hegemonía estadounidense y la mantención de un sistema de relaciones económicas que refuerza y reproduce las relaciones de dependencia.

Tal hipótesis se refuerza con la expresa postura ideológica de la actual administración limeña ante el creciente distanciamiento entre el Gobierno colombiano con los de Venezuela y Ecuador.

Luego de la decisión tomada por el Presidente colombiano a fines del año pasado, quien desvinculó a Chávez del exitoso proceso de canje humanitario que el mandatario llevaba adelante con las FARC, el Ministro de Defensa peruano criticó al líder bolivariano por considerar al grupo guerrillero como “fuerzas beligerantes”, en contraposición con los países alineados a Washington que las considera “un grupo terrorista”.

Por otra parte, Ántero Flores Aráoz sostuvo recientemente que la reorganización de las Fuerzas Armadas en el Valle de los ríos Apurímac y Ene (región de la provincia de Ayacucho con presencia de militantes de Sendero Luminoso) canalizada en un comando especial con un mando único, permitirá una “acción más contundente contra el terrorismo en esa zona”.

Asimismo, reviste la mayor importancia la propuesta electoral presentada por Alan García en 2006, respecto de las alianzas estratégicas en el continente. El llamado Plan de Gobierno 2006-2010 propugnaba la ratificación del TLC con Estados Unidos, firmado por el presidente Toledo, lo que alejó al candidato aprista de su competidor más cercano, Ollanta Humala, quien basaba gran parte de su campaña en la necesidad de la integración de Perú al proceso bolivariano liderado por Hugo Chávez, Evo Morales y Fidel Castro.

“Rechazamos la intromisión del señor Chávez en la política de los países de la Comunidad Andina”, declaró Alan García durante una entrevista realizada en 2006. En ese sentido, invocó al Presidente venezolano a “dejarse de confrontaciones y presionar a los otros países para no firmar convenios comerciales con Estados Unidos, cuando Venezuela le exporta una gran cantidad de petróleo”.

En vista de las últimas decisiones tomadas por el Gobierno peruano y su nueva política de seguridad preventiva, comienza a adquirir fuerza la noción del eje Bogotá-Lima como Estados alineados con la propuesta geopolítica estratégica de Washington para las próximas décadas.

La urgente necesidad de Estados Unidos de controlar los recursos naturales no renovables que se hallan en Latinoamérica (en la actual etapa de escasez mundial de tales recursos), sumado a los Gobiernos de la región que impulsan mecanismos cada vez más eficaces de integración y desarrollo autónomo respecto de los países centrales, acelera y acrecienta el proceso de intervención político militar del país del norte sobre los conflictos de esta parte del continente.

La violación de la soberanía ecuatoriana por parte de tropas colombianas constituye un punto de quiebre en la pacífica convivencia político diplomática entre los gobiernos del sur. El surgimiento y el delineamiento de dos bloques de países enfrentados por cosmovisiones políticas, representan un serio riesgo para la favorable etapa de las economías latinoamericanas ante la creciente demanda mundial de productos básicos.

En el actual contexto, y como respuesta al resurgimiento del interés por Las Américas en el trazado político de la Casa Blanca, se fortalece la idea de crear un Consejo Sudamericano de Defensa para la protección de los recursos naturales estratégicos y la integridad de las naciones.

La propuesta formal de la entidad fue realizada por el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la cumbre inaugural de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) el pasado mes de mayo. En dicha ocasión, el Gobierno de Colombia fue el único que no suscribió la iniciativa.

Por ahora si algo queda claro es que la militarización y la injerencia de Estados Unidos, principalmente en los procesos políticos de los países andinos, se apoyan no tanto en la llamada lucha contra el “narcoterrorismo”, sino en la búsqueda de gobiernos democráticos de baja intensidad para la recreación de los viejos anhelos de la superpotencia del norte: una “América para los americanos”. La historia del continente señala que no hay necesidad de aclarar quienes quedan enmarcados en el gentilicio mencionado.
Agencia Periodística del Mercosur