Enfrentados a la crisis más grave del sistema capitalista desde 1929, los partidarios recalcitrantes del libre mercado están tomando medidas en la esfera económica con la finalidad de salvar a los dueños del capital y sus descomunales ganancias. Han decidido refinanciar (nacionalizar) la banca ofreciéndoles gigantescos montos de dinero público a los bancos y a sus propietarios. Ellos, que trabajaron empecinadamente a favor de la desregulación de los mercados financieros en nombre de la competencia y su ideología de libre mercado, ahora planean regular los mercados financieros y aceptan reducir las tasas de interés para impulsar la economía. Lejos de obrar con orientación social, estas medidas agravarán todavía más las condiciones económicas y sociales de los trabajadores en todo el mundo.
De hecho, la recesión ya está encima de nosotros: se han suprimido millones de empleos y sucumbirán muchos otros; el poder adquisitivo y los sistemas sociales también sufrirán las consecuencias de la recesión. Por el momento, la Unión Europea y la mayoría de sus Estados miembros prosiguen su tarea de destrucción de las prestaciones sociales y los sistemas de pensiones.
El Consejo de la Unión Europea acaba de remitir un proyecto de revisión de la Directiva relativa a la Ordenación del Tiempo de Trabajo que contiene 3 propuestas principales: ampliar el período de referencia para contabilizar el promedio máximo de la semana laboral de 48 horas haciéndolo pasar de 4 a 12 meses; mantener al trabajador sujeto a la cláusula de exclusión voluntaria (Opt out ) que permitiría períodos semanales de trabajo de una duración de 60 y 65 horas semanales como promedio trimestral; y definir los así llamados lapsos no-activos de los períodos de disponibilidad como horas no trabajadas.
Esta propuesta, como muchas otras que tratan de los asuntos sociales y el empleo, confirma una vez más la índole y meta esenciales de la Unión Europea: crear un mercado laboral europeo con una fuerza de trabajo flexible y desprotegida, expuesta a una explotación creciente para servir el interés del capital mediante el debilitamiento de la legislación laboral existente, mediante la introducción de la flexibilidad sin límites, mediante el socavamiento de la legislación y los derechos laborales colectivos hasta alcanzar su destrucción definitiva.
Las enmiendas y propuestas aprobadas por la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo entran en conflicto absoluto con los intereses de los trabajadores. Es imperioso que los trabajadores de Europa se movilicen para rechazar la Directiva propuesta, se opongan a todo intento por empeorar la duración de la jornada semanal de trabajo establecida en sus respectivos países.En estos momentos de crisis del sistema capitalista y de desempleo creciente, las organizaciones sindicales deberían exigir la reducción de las jornadas semanales de trabajo sin pérdida salarial y también la creación empleos con derechos.Otro ejemplo de la naturaleza antisocial de la Unión Europea es la así llamada inmigración “ilegal”, donde la Directiva de “Retorno” permite períodos de retención de hasta 18 meses en centros tristemente célebres por su nivel de inhumanidad.En relación con la Directiva de Servicios, que sugiere la prestación de servicios a cambio de remuneraciones que no respetan la legislación ni los convenios colectivos de cada país, el Parlamento Europeo, contrariamente a lo anunciado por la CES, no ha restablecido los derechos de los trabajadores. Al aplicar los Tratados Europeos, el Tribunal de Justicia Europeo siempre se inclina a favor de la libertad de los servicios, pisoteando así los derechos sociales.
La crisis inmobiliaria tiene consecuencias excepcionalmente negativas para los empleos y la seguridad laboral en nuestras ramas. Esta situación está relacionada directamente con los bajos ingresos de la mayoría de los trabajadores y su incapacidad para solventar sus necesidades de vivienda. Es urgente que los sindicatos de nuestras ramas profesionales se unan para exigir que sigan vigentes nuestros derechos sociales y se deroguen las directivas antisociales de la UE, que se aprueben medidas de protección extraordinarias para los trabajadores que pierden sus empleos y que se liberen suficientes fondos de inversión para satisfacer las necesidades sociales de vivienda e instalaciones públicas.
La UITBB, siempre dispuesta a alentar la unidad de los trabajadores para que así defiendan mejor sus intereses, dentro de poco tiempo lanzará una iniciativa en esta dirección.Helsinki, el 1ro de diciembre 2008
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