El kirchnerismo: ¿mitos o cambios reales?

El kirchnerismo: ¿mitos o cambios reales? por: Fernanado "Pinas" Solanas Referente de Proyecto Sur



El proyecto del tren bala es inadmisible. La polarización entre el “Gobierno” y el “campo” es tan falsa como la anunciada argentinización de YPF. El modelo económico favorece el desguace y la privatización. Es atendible el plan oficial para modificar la Ley de Radiodifusión que rige desde la dictadura.
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El actual modelo de país encabezado por la pareja Kirchner puede ser sostenido sólo sobre la base de la construcción de ciertos mitos. No pueden ser discutidos determinados avances que se han dado, pero tampoco podemos dejar de remarcar que los discursos acerca de la “ruptura neoliberal”, el “modelo de desarrollo inclusivo”, el “desendeudamiento”, la “reconstrucción del Estado”, entre otros, son mitos políticos, es decir, no existen como tales en la realidad.
Recientemente se abrió el debate sobre la comunicación en el país. Esto implica poner bajo la lupa el rol de las grandes empresas monopólicas que se benefician con la vigente Ley de Radiodifusión de la dictadura, que les permite controlar la información que circula en diferentes canales. Este esquema de control privado constituye un obstáculo para el verdadero ejercicio democrático. A pesar de las benéficas concesiones hechas por Kirchner al Grupo Clarín, resulta bienvenida la nueva iniciativa, siempre que la democratización sea real según los criterios
del debate nacional.
Pero la supuesta intención de democratizar la comunicación se contradice con la decisión de imponer a la sociedad el proyecto del tren bala. A espaldas del pueblo argentino, y desoyendo las numerosas críticas provenientes de todo el espectro político, el gobierno nacional firmó el contrato para realizar el faraónico proyecto del tren de alta velocidad que recorrerá el tramo Buenos Aires-Rosario-Córdoba. Para la presidenta Cristina Fernández, la obra es un “salto a la modernidad”. Pero ¿quiénes darán ese “salto a la modernidad”? ¿Puede ser considerado “popular” un medio de transporte cuyo boleto será inaccesible para la mayoría de los argentinos y que lo pagarán con los subsidios del Estado aunque no viajen en él? ¿Qué tan “estratégica” es una obra que, elitista y antinacional, se llevará adelante emitiendo, sólo en el inicio, nueva deuda pública por 4.000 millones de dólares a 30 años con una tasa del 12% anual, y que implicará, sin mediación alguna, la importación de tecnología extranjera? Resulta inadmisible que no se haya convocado a un debate nacional sobre la crisis colosal del transporte argentino que, entre otros problemas, ocasiona más de 8.000 muertes al año en calles y rutas, y que no constituya una prioridad para el Gobierno la reconstrucción del ferrocarril nacional que tanto precisan millones de pasajeros y productores de la nación; más aún cuando con la mitad de lo que realmente costará el tren bala se podrían reconstruir todos los grandes ramales troncales de pasajeros a las ciudades más importantes delpaís,
incluyendo equipos,locomotora y vagones nuevos.

La decisión de reconstruir el tren podría ser incluso uno de los elementos que ayudaría a resolver la protesta de los pequeños y medianos productores rurales, que nuevamente han tomado estado de conflicto abierto. La falsa polarización del escenario político que se ha construido esquiva a un tercer protagonista que disputa la renta agraria y castiga permanentemente a los pequeños y medianos productores: los monopolios privados exportadores que fijan el precio de la producción y evitan así que las siempre útiles y necesarias retenciones afecten su rentabilidad. Son los Cargill, Dreyfus, Bunge & Born, Aceitera Gral. Deheza (del oficialista senador Roberto Urquía) y otros, que se apropian de un tercio de la renta agraria al imponer bajos precios a los productos, estafar al fisco, tercerizar las exportaciones y monopolizar la comercialización de insumos.

Pero los pequeños y medianos productores agrarios sufren también la carencia de gasoil para el período de cosecha mientras se siguen exportando crudo y naftas. Carencia que también se explica por la estructura de la matriz energética dependiente del petróleo y gas en un 85% y las características de su explotación y comercialización: un puñado de empresas multinacionales monopolizan toda la cadena del sector, con el agravante de que no invierten, depredan los recursos y son beneficiadas con jugosas renegociaciones que les
ofrece el gobierno nacional.

Resulta irrisorio que en este marco se haya hecho creer a la ciudadanía que la reciente “argentinización” de nuestra histórica YPF, hoy en manos de Repsol, iba a revertir la tremenda caída de reservas energéticas sufrida en los últimos años. La “argentinización” consistió lisa y llanamente en una nueva “reprivatización”, como ocurre ahora con Aerolíneas Argentinas.

Un mito comparable es el “desendeudamiento”. La Argentina continúa endeudada muy por encima de su capacidad de repago. A menos de tres años de la megarreestructuración Kirchner-Lavagna-Nielsen, los argentinos debemos u$s200.000 millones y pagamos tasas de interés de más de 10%, niveles que teníamos en los momentos inmediatamente anteriores a la crisis de 2001. Estos datos explican que, en pleno conflicto con los productores rurales, el ahora ex ministro de Economía Martín Lousteau estuviera en Washington rogando por nuevos créditos del BID y el BM y que, sólo de intereses, este año pagaremos
u$s15.000 millones.

Vivimos todavía un modelo de saqueo basado en privatizaciones, desguace estatal y libre mercado. Pero su piedra de toque fue la traición de la reforma constitucional de 1994, que traspasó el dominio del subsuelo a las provincias, quebrando la unidad de la Nación, la única que puede defenderse frente a la voracidad de los trust multinacionales. Que el vicepresidente Cobos haya renegociado las 12 áreas petroleras mendocinas (la mitad de las cuales quedaron en manos del menemista Manzano), en forma similar a los nefastos contratos de Cerro Dragón, entregando los recursos del subsuelo por 40 años hasta su agotamiento, es una muestra clara del peligro que representa que los gobernadores dispongan individualmente del recurso de todos los argentinos.

Los recursos naturales, así como la producción agropecuaria, son las dos piernas con las que la Argentina caminó durante gran parte del siglo XX. La obtención de recursos a partir de ellos permitió el desarrollo y la industrialización del país: el plan siderúrgico nacional con Somisa, hoy privatizada con Techint, la construcción de las industrias hidrocarburífera, aeronáutica, ferroviaria y servicios como las aerolíneas y el transporte marítimo, etcétera.

En Ecuador, Venezuela y Bolivia se está planteando claramente la importancia de retomar para los pueblos, a través del Estado, el control de las inversiones que constituyen prioridades para una estrategia de desarrollo nacional; situación que no ocurre en nuestro país, donde las líneas de prioridad parten de escritorios privados y resultan en reprivatizaciones, subsidios al capital local e internacional más concentrado, aumentos tarifarios y proyectos como el del tren bala. Pero estas inversiones las podrá hacer el sector público sólo si podemos disponer de las rentas que genera la explotación de nuestros recursos naturales no renovables. Nuestro subsuelo cuenta con reservas de petróleo que pueden generar, si el barril de crudo en el mercado internacional alcanza los u$s200 estimados para fin de año por la OPEP, u$s41 mil millones anuales. Sumada a la renta minera, unos u$s10 mil millones (sin contar gran cantidad de proyectos no contemplados y no registrados) y la renta agropecuaria, cuya gran tajada se la quedan las cerealeras exportadoras, más los u$s50 mil millones de reservas del BCRA, estamos hablando de enormes sumas de dinero que quedan en su gran mayoría en manos privadas, cuando los datos actuales enseñan que la brecha de pobreza ha alcanzado niveles récord.
Por ello hablamos de la reconstrucción del Estado en un agente eficiente y moderno que recupere esta renta y la reinvierta para beneficio del pueblo y la infraestructura técnica, científica e industrial del país.

Una reconstrucción del Estado que permita apropiarse de los recursos que permiten el desarrollo nacional es algo que están haciendo todos los países del mundo que entienden que estamos ante un escenario global donde, como dice la misma presidenta Fernández, alimentos y energías serán las claves del futuro. Pensar que los principales servicios e industrias pueden estar en manos privadas es no entender la forma en que la Argentina se inserta en el mundo y en el mercado mundial. La Argentina continúa siendo un país cuya función fundamental en la división internacional del trabajo sigue siendo la de provisión de recursos: en forma de capital a través del endeudamiento y en forma de materias primas, hoy la soja y los minerales, así como ayer el cuero, la lana
y el trigo,maíz y carne.

Para todo esto se precisa fundamentalmente que el campo nacional, popular y democrático consiga vencer a sus principales enemigos: la desconfianza y la resignación. Unidos en un gran movimiento social, político y cultural, los argentinos podemos desandar estos mitos y rescatar todos nuestros recursos y de esta manera reconstruir la nación para felicidad de todos los argentinos.