Uruguay: La Ley de Educación

ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO A LA LEY DE EDUCACIÓN.
Aldo Scarpa- Alexis Copobianco.
www.fenapes.org.uy

Nos proponemos reflexionar sobre algunos puntos fundamentales de esta ley que expresan, a nuestro entender, la concepción de política educativa a partir de la cual es elaborada y que creemos que es continuidad de lineamientos educativos que se vienen aplicando hace años. Consideramos que más allá que la autonomía y cogobierno son puntos trascendentes y principios a reivindicar permanentemente, nos parecería que sería incorrecto y mecanicista, olvidar la lucha y el debate por estos otros aspectos referidos a la educación. Sería políticamente erróneo dejar de lado la lucha y el debate por estos aspectos, suponiendo que con la conquista de la autonomía y cogobierno se resolverían automáticamente todos estos problemas, o, en el peor de los casos, si no conquistamos la autonomía y cogobierno retroceder también en estos trascendentes aspectos sobre la orientación educativa.

Una de las primeras cosas que llama la atención de la ley es la repetición, hasta el hartazgo, de determinadas palabras (las mismas que aparecen en las fundamentaciones de programas, planes, reformulaciones, etc.), un conjunto de conceptos y frases hechas que se han transformado en parte de lo que constituye un verdadero “sentido común pedagógico”, es decir, una serie de “verdades” afirmadas en forma inconsciente y acrítica, y que expresan, en forma difusa, la concepción ideológica dominante: tolerancia, inclusión, derechos humanos, se repiten una y otra vez. Conceptos vaciados de contenido o con un contenido que, si realizamos un análisis crítico de los mismos, tomando en cuenta el contexto en el que son formulados, nos llevaría a darnos cuenta que está muy lejos de que podemos querer para nuestra educación: tolerar lo intolerable o una inclusión excluyente por ejemplo.
¿A que nos referimos cuando hablamos de una inclusión excluyente? Analicemos uno de los artículos (55), que sostiene en su literal a:

“Garantizar la educación en los diferentes niveles y modalidades educativas de su competencia a todos los habitantes del país, asegurando el ingreso, permanencia y egreso.”

¿A que se refieren con asegurar el egreso? ¿Cómo una institución puede asegurar el egreso? ¿No estaremos ante la cristalización a nivel legal de la concepción de que pasen todos para que las cuentas cierren a nivel internacional? Concepción a la cual subyace la idea de que la educación no tiene porque cumplir una función propedéutica para acceder a niveles superiores (no pensamos, cabe aclararlo, que esta debe ser su única función, pero si una de las esenciales). ¿Se dedicarán a esta tarea las instituciones privadas? Porque como dicen muchas autoridades, tanto a nivel público (entre líneas), como así también a nivel más privado (en estos casos no tan entre líneas): “estos no van a llegar”, es decir que el concepto de inclusión que se promueve es un concepto abstracto, la educación como una suerte de container de niños y adolescentes para alejarlos, tal vez, del delito y las “malas costumbres”, pero no para que los mismos comiencen a desarrollar una cultura general que les permita, entre otras cosas, acceder a niveles superiores de educación, o si no acceden contar con herramientas conceptuales que les permitan interpretar, analizar y comprender la realidad.

Este rebajamiento de los niveles de exigencia, que toma inusitados bríos desde la era Rama, para aumentar los números de alumnos promovidos y egresados, abre una brecha cada vez mayor con los niveles terciarios de educación, es decir que las políticas aplicadas alejan a los estudiantes de la enseñanza pública de una formación de carácter terciario, contribuyendo al proceso de privatización y elitización de la enseñanza, claro que estas concepciones y estas políticas que se aplicaron a nivel de la ANEP eran solidarias con otras que se plantearon, sobretodo, en la década de los 90, pero que gracias al cogobierno, a las tradiciones democráticas de la Universidad y a la movilización gremial y estudiantil no se pudieron aplicar. Nos referimos al examen de ingreso, la matrícula, propuestas promovidas en su momento tanto por Germán Rama, como por los partidos tradicionales, y algunos decanos firmantes de documentos, es decir, propuestas que avanzaban hacia lo que podíamos llamar la “chilenización” de la enseñanza terciaria, aduciéndose que habían muchos estudiantes, cuando el Uruguay, comparado con los países que llegaron a mayores niveles de desarrollo, tiene un número bastante menor.

¿Y cuales serán los métodos para concretar este egreso? ¿La presión a los docentes por parte de las inspecciones y algunas direcciones como se ha venido haciendo de un tiempo a esta parte, aunque los docentes consideren que el alumno no está en condiciones de salvar un examen o exonerar la materia, rebajando en los hechos y desconociendo, a pesar de que se proclama una y otra vez, la profesionalidad del mismo y recortando su libertad de cátedra? ¿Presionando a los directores para que aumenten los niveles de egreso de su institución? ¿Distribuyendo recursos según números de egresados y promovidos aunque este egreso y esta promoción no signifique un real proceso de aprendizaje? De esta forma, la educación profundiza su carácter de institución reproductora de las diferencias de clases aun más, en vez de desarrollar una educación que permita que los estudiantes accedan a herramientas conceptuales para comprender y analizar la realidad, y que posibilite su inserción real como ciudadanos y en niveles superiores de educación, estamos contribuyendo al proceso de elitización de la cultura y a la transformación del egreso de las instituciones educativas en un trámite burocrático.

SOBRE LA MULTIPLICACIÓN INNECESARIA DE LOS SERES

Guillermo de Okham se pronunciaba en la edad media contra la multiplicación innecesaria de los seres, esta ley multiplica innecesariamente los organismos burocráticos, dividiendo a secundaria en dos (y de esta forma escolarizando el ciclo básico), creándose todo tipo de organismos: Instituto Nacional de Educación No Formal, Comisión Coordinadora de Personas Jóvenes y Adultos, Consejo Coordinador de Educación en la Primera Infancia, Instituto Nacional de evaluación, etc.¿No está lo suficientemente fragmentado y descoordinado el sistema educativo como para crear nuevos y nuevos organismos que parecen alejarse bastante de todo proceso racionalizador de la enseñanza? ¿No se profundiza, de esta forma, el proceso de chacrización, creando compartimentos estancos y descoordinados? ¿Cuál será el destino de la UTU cuando se le quita el ciclo básico y se prevé crear un instituto terciario de educación técnica? La formación docente a su vez se constituye como Instituto Universitario en la órbita de la ANEP, pero a su vez la formación de los profesores de educación física está en la órbita de la Universidad de La República, ¿no sería buena idea repensar aquella vieja propuesta de Maggiolo de crear una Facultad de Ciencias de la Educación, acercando, a su vez, a la formación docente a la investigación?
Con respecto al instituto de evaluación se señala:

Artículo 120.- (Informe del Estado de la Educación). El Instituto Nacional de Evaluación Educativa cada dos años realizará un Informe sobre el Estado de la Educación en el Uruguay que tendrá en cuenta entre otros aspectos los resultados de las pruebas de evaluación nacionales o internacionales en las que el país participe, el acceso, la cobertura y la permanencia en cada nivel educativo, los resultados del aprendizaje, la relevancia y la pertinencia de las propuestas y contenidos educativos y la evolución y características del gasto educativo.

Una institución de carácter evaluatorio integrada, entre otros, por instituciones de carácter privado que es definida como “Persona pública no estatal”, ¿no se están cediendo espacios que no corresponde ceder? ¿Cómo la educación privada va a evaluar a las instituciones públicas? En un mundo de valores invertidos, las instituciones de educación pública son evaluadas por las privadas. ¿No constituye la creación de este instituto otro paso hacia la consolidación de la tecnocracia-burocracia educativa? ¿No constituye la creación de estos organismos de carácter tecnocrático una contradicción con determinados principios que proclama la ley como la participación y la democracia? ¿Quiénes deben tomar las decisiones a nivel educativo?, ¿los técnicos poseedores de un supuesto saber que los habilita a hacerlo o aquellos que están directamente involucrados con la práctica educativa? ¿No tienden a caer estos organismos tecnocráticos en dogmatismos teóricos alejados de toda práctica? Además, ¿bajo que criterios se va a evaluar?, ¿los criterios de cantidad de alumnos promovidos ante los cuales las autoridades educativas se han vuelto tan sensibles desde la imposición de la reforma de Rama? Se evaluará en función de las pruebas internacionales sostiene la ley, ¿No hemos aceptado sin análisis los criterios que a nivel internacional se manejan como extensión horaria, porcentajes de promoción, etc., sin tomar en cuenta las características propias de nuestra educación y de nuestra cultura? Y en esta misma línea ¿No nos hemos subordinado a concepciones educativas y pedagógicas sin crear un pensamiento propio, y dándole la espalda a la rica tradición de nuestro propio país? ¿No va esto en la dirección precisamente contraria a la autonomía? ¿Qué garantiza que mañana no se quiera evaluar los resultados de la Universidad de la República, violentando su autonomía, la cual fue producto de décadas de lucha? Y finalmente ¿Quién evalúa a los evaluadores?

PARTICIPACIÓN Y COGOBIERNO

Artículo 77 (Cometidos).
A los Consejos de Participación les compete realizar propuestas a la Dirección del Centro Educativo en relación a....


Asimismose plantean consejos de participación a nivel de los centros educativos, pero los mismos tienen un carácter asesor. ¿Si se quiere democratizar porque los consejos de participación (así como también las ATDs) tienen un carácter meramente propositivo? ¿Por qué no otorgarle carácter resolutivo? Todos sabemos el triste destino de las propuestas emanadas de los organismos consultivos: el olvido, el ninguneo, la indiferencia. ¿Por que si se habilita la participación a nivel central (la cual si bien constituye un avance, es muy limitada, no consagrándose una real autonomía, puesto que la mayoría de los integrantes del CODICEN son electos por el poder ejecutivo), no habilitarla a nivel de los centros educativos? ¿No sería un gran antídoto contra el nada extraño autoritarismo de esas unidades unipersonales de decisión que son las direcciones? ¿No contribuiría para crear un verdadero sentido de pertenencia del estudiantado, de los docentes y de los padres cuando estos vean que sus propuestas no son solo recomendaciones que caen en el vacío, condenadas a ser ignoradas, sino que se enriquecen como producto del debate entre las diferentes partes, y se concretan? ¿No es una buena oportunidad de transformarlos a todos en sujetos reales del proceso educativo? ¿No ayudaría al mismo proceso de maduración del estudiantado? ¿No sería buena idea tomarse el tiempo suficiente como para discutir las posibles funciones de estos consejos, para que estos no se transformen en una perla más en el collar de buenas intenciones?

(el artículo sigue y es necesario leerlo, estudiarlo, el futuro de nuestros niños, jóvenes depende de nuestra lucha, siguir el enlace)
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